Impacto de la lista de desvisados en el sistema judicial y político boliviano

Las listas de personas cuya visa ha sido retirada por Estados Unidos, publicadas el 28 de septiembre y el 22 de octubre, han sacudido los ámbitos judicial, político y policial en Bolivia. Estas medidas resultaron en el encarcelamiento de varios individuos y la renuncia de otros a sus cargos.

En total, la primera lista incluyó a 13 ciudadanos bolivianos acusados de estar involucrados en delitos relacionados con corrupción y narcotráfico. A raíz de esto, cuatro de ellos fueron enviados a prisión preventiva, dos fiscales fueron destituidos de sus funciones en el Ministerio Público, un presidente de tribunal presentó su renuncia y un exjefe policial fue apartado de su cargo.

En el ámbito político, dos diputados se encuentran bajo fuerte escrutinio por las acusaciones, aunque uno de ellos ha manifestado su intención de continuar en el cargo. Uno de los casos más notorios es el de Róger Mariaca, exfiscal general del Estado, quien fue incluido en la primera lista por presuntamente proteger a redes de narcotráfico.

Otro exfiscal general mencionado es Juan Lanchipa, quien ocupó el puesto hasta octubre de 2024, cuando fue reemplazado por Mariaca. Estas acusaciones han puesto en tela de juicio la integridad de las instituciones judiciales en el país.

Desvinculaciones en el sistema judicial

El fiscal general José Armando Urioste confirmó la desvinculación de dos fiscales implicados en esta situación. Félix Gerardo Balderas, fiscal de El Torno, y Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de Sustancias Controladas de Santa Cruz, ya no forman parte del Ministerio Público.