Acuerdo entre Gobierno y gobernadores establece ruta para reformas autonómicas
El viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, destacó la importancia de la reunión mantenida entre el presidente Rodrigo Paz y los nueve gobernadores, calificándola de ‘muy productiva’. Durante este encuentro se logró consensuar un documento que marca el inicio de la agenda del 50/50.
Oliva mencionó que el acuerdo abarca cuatro ejes fundamentales: la eliminación de cargas de gasto impuestas, el alivio de la deuda de las gobernaciones, la revisión de la normativa vigente y la mejora en la coparticipación tributaria.
En cuanto a la eliminación de condicionalidades de gasto, el viceministro señaló que este aspecto responde a una de las principales demandas de las gobernaciones. Se busca retirar las obligaciones que han limitado el uso de recursos en competencias que no les corresponden. Entre estos gastos se encuentran el pago de prediarios, títulos de bachiller, el bono de vacunación y el fondo cívico patriótico, que pasarían a ser financiados por el nivel central.
Respecto al alivio de la deuda, se prevé establecer mecanismos que faciliten la liquidez y la reprogramación de deudas previas. Oliva enfatizó que es fundamental brindar apoyo a las gobernaciones para que puedan manejar mejor sus finanzas.
Además, se acordó la revisión integral de la Ley Marco de Autonomías y otras normativas que han limitado el ejercicio de la autonomía. Esta revisión se llevará a cabo de manera técnica, en colaboración con gobernaciones y municipios, así como con las autonomías indígenas y la región del Chaco.
El cuarto eje del acuerdo se centra en la coparticipación y en la creación de nuevos dominios tributarios, lo que permitiría a los gobiernos departamentales generar ingresos propios. Oliva subrayó que la agenda del 50/50 va más allá de la mera distribución de recursos, buscando una verdadera autonomía que les otorgue capacidades para gestionar competencias y recursos de manera eficiente.
Finalmente, el viceministro confirmó que el documento incluye cerca de 11 puntos, donde se especifican los plazos y responsables para la implementación de las reformas. Aseguró que se trata de un compromiso concreto y estructurado para avanzar en la reforma autonómica, y no meras intenciones.
