El Senado aprueba que el Estado asuma el pago de prediarios y bono de vacunación de los reclusos
La Cámara de Senadores ha dado luz verde a una normativa que establece que las obligaciones de pago de prediarios para los reclusos y el bono de vacunación serán asumidas por el Gobierno central, liberando a las gobernaciones de esta responsabilidad financiera. Esta decisión refleja una respuesta a las reiteradas quejas de las autoridades departamentales, que habían solicitado un respaldo financiero adecuado para cumplir con estas obligaciones.
Denominada Ley de Adecuación del Financiamiento de Obligaciones Públicas, la nueva ley prohíbe la realización de débitos automáticos y la transferencia de fondos a las gobernaciones por estos conceptos. Además, amplía la responsabilidad del nivel central a otros ámbitos, como el pago de recursos para los diplomas de bachiller.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, había enfatizado la necesidad de que los ministerios de Gobierno, Salud y Educación asuman estas obligaciones. Esta demanda se fundamenta en que, desde la promulgación de la Ley 3302 en 2005, las gobernaciones han estado asumiendo costos que no contaban con la financiación necesaria.
El presidente del Senado, Diego Ávila, destacó que con esta normativa se devuelve la competencia y la asignación de recursos al nivel central, que, según él, había sido injustamente transferida a las autonomías en años anteriores.
La ley especifica que los costos del prediario, así como otros gastos operativos del Régimen Penitenciario y diferentes beneficios del sector salud, serán financiados a través del Tesoro General de la Nación. Hasta ahora, estos costos se cubrían con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), pero el descenso en la producción y exportación de gas ha generado un déficit que afecta a las gobernaciones.
Además, la normativa establece que cualquier participación financiera de los gobiernos autónomos en proyectos de riego y electrificación se definirá a través de acuerdos intergubernativos, lo que permitirá una mejor coordinación y claridad en los aportes, responsabilidades y financiamiento de estos programas.
