Denuncia del exdirector de Migración apunta a altos exfuncionarios por vínculos con redes criminales
Marcel Rivas, quien se desempeñó como director general de Migración, ha presentado graves acusaciones contra varios exfuncionarios del gobierno, incluyendo el exfiscal general Juan Lanchipa, y los exministros de Gobierno Eduardo Del Castillo y Carlos Romero, así como a la exdirectora de Migración, Katherine Calderón. Rivas sostiene que estas autoridades estarían implicadas en el resguardo de redes criminales transnacionales.
Las denuncias realizadas por Rivas tienen su origen en 2020, cuando él lideraba la institución de Migración. En ese entonces, se presentó un caso ante el Ministerio Público por irregularidades en la tramitación de documentos para ciudadanos extranjeros. Se identificaron problemas relacionados con visas, permisos de permanencia y carnés de residencia, que habrían generado un perjuicio económico que se estima en al menos Bs 4 millones.
Rivas explicó que, durante su gestión, se formalizó una denuncia penal contra la exfuncionaria Calderón y otros por un total de 260 irregularidades en la concesión de documentación a extranjeros. "Esto abarcaba visas, permanencias y carnés de residencia, se trató de múltiples casos", declaró Rivas.
El exdirector de Migración ha señalado que la falta de progreso en las investigaciones se debe a la administración de Lanchipa en el Ministerio Público, a quien acusó de encabezar una red que protege al crimen organizado. "En esa época, Juan Lanchipa lideraba el Ministerio Público, que era parte de la organización criminal. Actualmente, otro exfiscal general, Roger Mariaca, está en prisión por continuar esta protección al crimen organizado y al narcoterrorismo", destacó Rivas.
Además, el exdirector relacionó las irregularidades migratorias con la emisión de documentos de identidad que beneficiarían a individuos ligados a estructuras criminales, citando como ejemplos a los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán y al uruguayo Sebastián Marset. Rivas también hizo mención de que Del Castillo y Romero habrían estado al tanto de informes sobre la entrada y permanencia en Bolivia de personas asociadas a estas organizaciones desde 2018.
Estas declaraciones surgen en un contexto de creciente controversia por la suspensión de visas estadounidenses a ciudadanos bolivianos, lo que ha generado repercusiones políticas importantes en el país.
