Censura al ministro Espinoza por no asistir a interpelación
En la sesión de este martes, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tomó la decisión de censurar al ministro José Gabriel Espinoza, quien no asistió a la interpelación convocada para esa jornada.
El presidente nato de la ALP, Edmand Lara, comunicó la aprobación de la censura al informar que se había alcanzado un voto de dos tercios a favor de esta medida. La resolución será enviada al Ejecutivo junto con los argumentos que sustentan esta decisión.
De los 129 legisladores que participaron en la votación, 91 se manifestaron a favor de la censura, 34 optaron por un orden del día puro y simple, y 4 se abstuvieron.
Durante la discusión, se produjo un momento de tensión cuando el presidente del Senado, Diego Ávila, sugirió que la votación debía considerar el total de miembros de la Asamblea según lo estipulado en la Constitución. Esto fue refutado por el vicepresidente Lara, quien argumentó que solo se debía contar a los presentes en el hemiciclo.
Desde la bancada de Libre se apoyó la censura, enfatizando que el ministro debía haber asistido a la interpelación. El diputado Jaime Aramayo declaró: "El pueblo boliviano necesita un cambio de timón, tiene que mejorar la economía, entonces los ministros tienen que estar a la altura del cargo. Mi voto es por la censura".
Otros legisladores de diferentes partidos, como el PDC, Unidad y Alianza Popular, también respaldaron la medida. Sin embargo, los representantes de Autonomía para Bolivia – Súmate rechazaron la censura y pidieron que el ministro diera explicaciones directamente ante el pleno.
Previo a la sesión, Espinoza había enviado una carta justificando su ausencia, alegando un viaje a Santa Cruz para abordar problemas de abastecimiento de combustibles y la programación de un viaje a Brasil. No obstante, sus argumentos fueron desestimados por la mayoría del Legislativo, que cuestionó su compromiso en la gestión sobre el diésel.
La censura se produce en un contexto donde el ministro enfrenta críticas por una supuesta compra irregular de un vehículo, en la cual los documentos notariales reflejaban montos discrepantes con el valor real de la transacción.
