Solicitan al Fiscal General apartarse del cargo por acusaciones internacionales
El 28 de septiembre, los presidentes de las cámaras legislativas bolivianas, Diego Ávila y Roberto Castro, solicitaron que el Fiscal General del Estado, Róger Mariaca, se separe de su cargo mientras se investigan acusaciones que han llegado desde Estados Unidos. Esta solicitud busca garantizar la transparencia y la independencia en el proceso de investigación.
Durante una conferencia de prensa conjunta, ambos legisladores hicieron hincapié en que las acusaciones no deben considerarse como una condena previa y que es fundamental obtener información oficial para esclarecer los hechos. Ávila enfatizó la necesidad de actuar con rapidez y responsabilidad ante la gravedad de los señalamientos.
Ávila argumentó que el pedido de apartamiento se fundamenta en la necesidad de que cualquier investigación pueda llevarse a cabo sin interferencias. Destacó que la independencia del sistema judicial es vital para mantener la confianza en las instituciones democráticas del país.
Como parte de su respuesta institucional, ambos presidentes también hicieron un llamado al ministro de Relaciones Exteriores para que gestione toda la información oficial y antecedentes sobre las acusaciones ante el Gobierno estadounidense. Esto es fundamental para que Bolivia cuente con datos concretos sobre la situación.
Asimismo, Ávila y Castro enviaron un pedido al vicepresidente Edmand Lara, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, solicitando la convocatoria urgente a una sesión para abordar el tema y analizar los mecanismos institucionales adecuados para una investigación exhaustiva.
Castro subrayó que no se trata de anticipar responsabilidades ni de sustituir a fiscales o jueces. Enfatizó que se busca examinar los hechos a fondo y asegurar que cualquier decisión se base en pruebas concretas y en el marco legal correspondiente.
Ambos funcionarios coincidieron en que la respuesta a los señalamientos debe ser equitativa, sin distinciones por cargos o influencias. Insistieron en que si se encuentran pruebas de delitos, se deben aplicar las sanciones pertinentes, y si las acusaciones carecen de fundamento, esto también debe ser aclarado ante la población.
