Estados Unidos anula la visa de Roger Mariaca por presuntos vínculos con el narcotráfico
La visa del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, ha sido revocada por el Gobierno de Estados Unidos, el cual lo acusa de estar involucrado en actos de corrupción asociados al narcotráfico. Según el Departamento de Estado, Mariaca habría aprovechado su posición para solicitar y aceptar sobornos con el fin de facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y ayudar a ciertos delincuentes a escapar de la justicia.
Este ajuste en la política migratoria de Estados Unidos incluye a 12 ciudadanos bolivianos que cuentan con visas vigentes, entre los cuales se encuentran Mariaca, el exministro de Justicia Iván Lima, varios fiscales, jueces, el magistrado constitucional Israel Campero y el coronel de la Policía Frans William Cabrera Quispe. Además, otros nueve bolivianos sin visa vigente han sido declarados inelegibles para su obtención.
El Departamento de Estado ha señalado que las acciones de Mariaca amenazan los esfuerzos del presidente Donald Trump en la lucha contra el narcoterrorismo y afectan la integridad de las instituciones democráticas en las que Bolivia busca avanzar, especialmente en el marco de la iniciativa Escudo de las Américas. Esta revocatoria de visa también se extiende a los familiares directos del fiscal general.
En respuesta a estas acusaciones, Roger Mariaca ha negado las imputaciones, considerándolas como una posible forma de presión política e injerencia externa. Desde Sucre, enfatizó que respeta la soberanía de Estados Unidos, pero solicitó que también se respete la independencia de las instituciones en Bolivia. Afirmó que las investigaciones del Ministerio Público, como la relacionada con el consultor argentino Fernando Cerimedo, seguirán su curso sin importar las presiones externas.
"Investigar no significa condenar"
Mariaca subrayó que corresponde a las instituciones determinar la veracidad de los hechos y que las pruebas deben establecer las responsabilidades. La decisión de Washington es una medida migratoria y no constituye una condena judicial. Las acusaciones emitidas por el Departamento de Estado se presentan como justificación para la revocatoria de la visa.
