Riesgo inminente para la alimentación en 54 centros de acogida y hospitales en Bolivia
Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo ha revelado un alarmante riesgo para el derecho a la alimentación de las personas en situación de vulnerabilidad bajo custodia del Estado. Este estudio abarcó 54 centros de acogida y hospitales a nivel nacional, destacando problemas graves en la provisión de alimentos.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, expresó su preocupación al señalar que "queremos alertar sobre un riesgo inminente en el derecho a la alimentación de las personas en situación de vulnerabilidad bajo custodia del Estado". Las verificaciones se llevaron a cabo en diferentes regiones, incluyendo las nueve capitales departamentales y El Alto.
Se encontró que el 67% de los centros de atención a Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) y el 60% de los hogares para Personas Adultas Mayores (PAM) han experimentado un incremento en los costos de adquisición de alimentos. Esta situación se agrava con el hecho de que el 56% de los centros para NNA y el 73% de los hogares de PAM reportan insuficiencia en los recursos destinados a cubrir sus necesidades nutricionales.
Además, el informe indica que hay dificultades significativas en el abastecimiento de alimentos. Un 17% de los centros de NNA ha agotado sus reservas de productos frescos, como carne y verduras, mientras que un 22% enfrenta desabastecimiento parcial. En los hogares de adultos mayores, el 20% ha reportado falta de productos secos y un 27% carece de alimentos frescos.
Para mitigar estos problemas, algunos centros han tenido que implementar medidas de emergencia, que incluyen solicitar donaciones (40% de los casos), sustituir alimentos por opciones más económicas (33%) y recortar fondos destinados a transporte y otros servicios esenciales como educación y medicamentos psiquiátricos.
En el ámbito hospitalario, el 52% de los 21 hospitales analizados también reportó carencias presupuestarias que les impiden garantizar una alimentación adecuada para sus pacientes. Ante esta alarmante situación, la Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado urgente a las autoridades del Estado, incluyendo al Ministerio de Salud y los Gobiernos Autónomos, para que se adopten medidas correctivas inmediatas.
