ALP podría suspender al fiscal general por indicios de delitos

Este viernes, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) dio un paso significativo al aprobar que ambas Cámaras, Senado y Diputados, evalúen una modificación a la Ley 260 Orgánica del Ministerio Público.
La iniciativa, respaldada por los senadores Diego Ávila, Branko Marinkovic y Lorgio Pareja, busca otorgar a la ALP la potestad de suspender de manera definitiva al fiscal general si se presentan indicios de delitos durante el ejercicio de su cargo.
Este proyecto introduce un nuevo parágrafo al artículo 25 de la Ley 260. Estipula que, ante sospechas de delitos ordinarios cometidos por el fiscal general debido a su papel como autoridad superior del Ministerio Público, la ALP podrá proceder a su destitución definitiva.
Cuando concurran indicios de la comisión de delitos ordinarios de la o del fiscal general del Estado por actividades ilícitas en su condición de autoridad jerárquica superior del Ministerio Público, la Asamblea Legislativa Plurinacional podrá disponer su suspensión definitiva por decisión de la mayoría absoluta de votos de las y los asambleístas presentes en sesión ordinaria.
El proyecto también detalla el proceso para la elección de un fiscal interino. Esta designación debe realizarse en la misma sesión en que se apruebe la suspensión, requiriendo una mayoría absoluta de votos.
El fiscal interino tendrá un plazo de tres meses para cumplir con su labor, tiempo en el que la ALP deberá llevar a cabo la selección de una nueva autoridad titular. Este interino deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Además, el interinato se enmarca en una misión prioritaria: desmantelar cualquier estructura criminal relacionada con la causa de la suspensión, dotando al fiscal interino de las atribuciones necesarias para cumplir esta tarea.
En el contexto de estas deliberaciones, se destaca que Roger Mariaca se encuentra en su segundo día de aprehensión tras las acusaciones de Estados Unidos, que lo señalan por proteger a criminales y recibir sobornos.