El Gobierno boliviano impulsa leyes para involucrar a las FF.AA. en la lucha contra el crimen organizado
En una sesión del 7 de octubre de 2026, el Gobierno de Bolivia aprobó cuatro nuevas leyes que habilitan la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para combatir el crimen organizado, incluyendo el narcoterrorismo y la minería ilegal. Esta decisión se enmarca dentro de una reestructuración del sistema de seguridad nacional, según lo indicado por el Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional (Cosdep).
El Ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, destacó que las organizaciones criminales han evolucionado, lo que exige una respuesta más efectiva. En este contexto, el Presidente Rodrigo Paz alertó sobre el aumento de los riesgos asociados al narcoterrorismo en el país.
Las nuevas legislaciones permiten que los militares realicen patrullajes en las fronteras, controlen vías fluviales y protejan instalaciones críticas. La intervención militar se justifica, según el Gobierno, por la creciente sofisticación del crimen organizado y la necesidad de una estrategia más integral en la lucha contra este problema.
El despliegue de las Fuerzas Armadas se coordinará con la Policía Boliviana, en un marco que será considerado "excepcional, temporal, complementario y controlado" dentro de los límites constitucionales y con respeto a los derechos humanos, según lo afirmado por fuentes del Gobierno.
Sin embargo, esta medida ha suscitado preocupación entre juristas y analistas, quienes advierten sobre los riesgos de una mayor militarización y el potencial uso desproporcionado de la fuerza. Organizaciones de derechos humanos han recordado que la intervención militar debería limitarse a situaciones excepcionales y estrictamente definidas.
La urgencia de estas reformas legislativas se basa en una decisión tomada el 17 de septiembre de 2026, cuando el Presidente Paz reactivó el Cosdep y designó al general Germán Leonardo Rodrigo Mendizábal como su secretario permanente. En esa ocasión, el mandatario subrayó la gravedad del narcoterrorismo en Bolivia, describiéndolo como una combinación de intereses y recursos ilícitos que amenazan el proceso de transformación del país.
