Consejo de la Magistratura solicita rapidez en el caso de la jueza Livia Alarcón
Carlos Spencer Arancibia, presidente del Consejo de la Magistratura, hizo un llamado al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pidiendo que se resuelva con urgencia las acciones constitucionales que han demorado la ejecución de la destitución de la jueza Livia Alarcón, quien fue destituida en primera instancia por un tribunal disciplinario en Oruro.
Spencer señaló que la decisión de destitución fue confirmada por el Consejo de la Magistratura en 2025, sin embargo, su aplicación se ha visto interrumpida debido a una medida cautelar que impidió la materialización de la sanción.
El presidente del CM expresó su inquietud por la influencia de las Salas Constitucionales y del TCP en los procesos disciplinarios. Aseguró que, en varias ocasiones, las decisiones del TCP han suspendido sanciones impuestas por el Consejo, lo que dificulta la ejecución de las destituciones.
"Nosotros llevamos a cabo los procesos y sancionamos, pero luego se recurre a las Salas Constitucionales y al TCP, donde obtienen resoluciones que anulan o paralizan las sanciones, lo que dificulta nuestra labor", manifestó Spencer.
Situación de la jueza Alarcón
El presidente del Consejo informó que ya había advertido en enero sobre al menos ocho destituciones que se encuentran estancadas debido a resoluciones de Salas Constitucionales. En el caso de Alarcón, se ha presentado un memorial al TCP para que se tomen decisiones rápidas y se resuelva su situación legal.
Adicionalmente, Spencer mencionó que existe un nuevo proceso disciplinario abierto contra Alarcón que también está siendo afectado por un amparo constitucional en Sucre, el cual requiere la emisión de una nueva resolución.
El presidente del CM hizo un llamado urgente para que los procesos en curso sean resueltos sin dilación, ya que esta situación podría llevar a la prescripción de responsabilidades. Afirmó que la entidad continuará llevando a cabo procesos disciplinarios y aplicando sanciones conforme a sus competencias y el respeto al debido proceso.
Finalmente, reiteró la necesidad de que las Salas Constitucionales y el TCP atiendan con celeridad los casos de jueces sancionados para evitar que las decisiones disciplinarias queden indefinidamente sin efecto.
