Crisis de insumos en centros de acogida por aumento de precios
En Bolivia, un total de 54 centros de acogida, que incluyen hogares de adultos mayores y hospitales, están enfrentando serias dificultades para garantizar la alimentación y atención médica de las personas bajo su tutela. Esta crisis se ha desencadenado tras el aumento en los costos de alimentos y medicamentos, resultado de la eliminación de la subvención al diésel, según ha informado el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
El Defensor del Pueblo emitió esta alerta el 30 de septiembre de 2026, después de realizar inspecciones en 18 centros para niños y 15 hogares para adultos mayores en todo el país. El informe destaca que el 67% de los centros de acogida para menores ha registrado un incremento en los precios de los víveres, lo que ha llevado al 56% de ellos a enfrentar dificultades presupuestarias.
Situación de los hogares para adultos mayores
En cuanto a los hogares para adultos mayores inspeccionados, el 73% indicó que su presupuesto no les permite adquirir la misma cantidad de alimentos que antes. Además, un 20% de estos centros carece de reservas de alimentos secos, y un 27% no tiene insumos frescos disponibles. Esta situación ha obligado al 40% de ellos a solicitar donaciones para poder alimentar a sus residentes.
- Aldeas Infantiles de El Alto
- Hogar Beni de Oruro
- Hogar de Niñas de Trinidad
- Centro Educativo Chete Quije en Oruro
El Defensor del Pueblo también señaló que los problemas con proveedores han aumentado, ya que han elevado los precios, retrasado entregas y reducido el volumen de alimentos entregados en un 22%. Esta situación se ha visto reflejada también en el ámbito hospitalario, donde el 52% de 21 centros de salud reporta que sus fondos son insuficientes para cubrir las necesidades de sus pacientes.
Finalmente, el Defensor expresó que aunque el 83% de los centros todavía cuenta con un inventario limitado de alimentos, una vez que se agoten, tendrán que afrontar nuevos gastos que podrían generar déficits en sus presupuestos. Se hace un llamado a las autoridades gubernamentales para que implementen medidas que eviten que esta crisis profundice el impacto en los derechos fundamentales de alimentación, salud y educación de las personas que se encuentran en estas instituciones.
