Cristina Fernández y Máximo Kirchner enfrentan juicio por corrupción en Argentina
Desde hoy, la expresidenta argentina Cristina Fernández, que ocupó el cargo entre 2007 y 2015, y su hijo, el diputado Máximo Kirchner, inician un juicio oral por presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita. Esta causa, conocida como 'Hotesur-Los Sauces', investiga irregularidades en los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia, junto con contratos de obra pública que habrían beneficiado a diversos empresarios.
El proceso judicial está a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 5 (TOF 5), el cual asumió el caso tras la unificación de dos expedientes que se manejaban de manera separada, como ordenó un tribunal superior.
Cristina Fernández se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 17 de junio de 2025 por otro caso relacionado con la corrupción. Tanto ella como su hijo participarán de manera virtual en la primera audiencia, según confirmaron fuentes del sistema judicial.
La Fiscalía sostiene que entre 2003 y 2015, durante los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, la familia estableció un mecanismo para lavar dinero a través de las empresas Hotesur y Los Sauces, que operaban en la provincia de Santa Cruz y habrían sido utilizadas para recibir pagos ilegales por parte de empresarios.
La expresidenta enfrenta cargos de asociación ilícita y lavado de activos, al igual que su difunto esposo, mientras que Máximo Kirchner es acusado como organizador de esta presunta red criminal. Además, hay 19 personas más implicadas, que incluyen empresarios, exfuncionarios y allegados a la familia.
Entre los acusados se encuentran figuras destacadas como Carlos Alberto Sancho, exgobernador de Santa Cruz, y el empresario de la construcción Lázaro Báez, quien se encuentra en prisión desde 2016 por otro caso de corrupción. Además, hay vínculos con los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, relacionados con los medios de comunicación.
La defensa de Cristina Fernández, liderada por el abogado Carlos Beraldi, ha impugnado la decisión de unificar los casos, argumentando que esto podría afectar los derechos de los acusados al cambiar la estructura del proceso a solo días de su inicio.
