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Cumbre Minera pone en riesgo áreas protegidas, alerta diputada Requena

La diputada Cecilia Requena alertó sobre los peligros que representa la Cumbre Nacional Minera 2026, un evento que busca la reforma de la Ley Nº 535 de Minería y Metalurgia, permitiendo así la explotación minera en áreas protegidas de Bolivia.

Este encuentro se llevó a cabo en la Universidad Privada Boliviana (UPB) en Achocalla y se realizó a puertas cerradas, sin la participación de organizaciones históricas como la FSTMB y Fencomin. Requena destacó que la falta de diálogo y la tensión que se generó durante la reunión son preocupantes, ya que se discutieron temas críticos que podrían afectar gravemente el medio ambiente.

La modificación del artículo 220 de la ley podría abrir la puerta a actividades mineras en zonas protegidas, poniendo en peligro el patrimonio ecológico del país, así como las fuentes de agua dulce y la rica biodiversidad que caracteriza a Bolivia. Además, esta situación comprometería la salud y los modos de vida de las comunidades indígenas locales, que dependen de estos recursos naturales.

A pesar de que algunos diputados fueron invitados a un encuentro con el ministro de Minería, Marco Calderón, la reunión fue breve y no se estableció una mesa técnica para discutir propuestas concretas sobre el nuevo código minero. Requena enfatizó que el evento no promovió un diálogo adecuado y que la posibilidad de abrir áreas protegidas a la minería es alarmante, dado el daño potencial que esto podría causar.

La diputada Patricia Patiño, presidenta de la Comisión de Tierra, Territorio, Agua, Recursos Naturales y Medio Ambiente, también expresó su desaprobación hacia las conclusiones de la Cumbre. Según Patiño, es inaceptable discutir el futuro de los recursos naturales sin la participación de aquellos que experimentan directamente los efectos de la contaminación y la destrucción ambiental.

La preocupación creciente entre legisladores y organizaciones sociales resalta el riesgo que la modificación de la ley representa para la salud ecológica del país, amenazando con eliminar barreras legales que protegen recursos vitales y poniendo en jaque el futuro ambiental y social de Bolivia.