Debate sobre reforma constitucional se intensifica ante nuevas propuestas económicas
El debate sobre una reforma parcial a la Constitución Política del Estado (CPE) se ha reavivado en la Asamblea Legislativa, coincidiendo con la discusión de la nueva Ley de Inversiones propuesta por el gobierno de Rodrigo Paz, clave dentro de su plan económico.
El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, ha presentado un primer proyecto que busca "desconstitucionalizar" 30 artículos, prohibir nacionalizaciones y restablecer el arbitraje internacional para resolver disputas entre el Estado y los inversionistas.
A la propuesta de Alarcón se suma la anunciada por Jorge Tuto Quiroga, líder de Libre, quien también planea introducir un proyecto que busque aumentar la seguridad jurídica para atraer inversiones extranjeras y modificar normas que, según él, obstaculizan este proceso.
Ambas iniciativas generan un debate sobre la necesidad de cambiar el marco constitucional de 2009, en contraposición a la estrategia del gobierno que hasta el momento prefiere no modificarla y avanzar con la legislación de inversiones.
El proyecto de Alarcón, presentado el 13 de agosto, propone una adición al artículo 412 que permitiría la desconstitucionalización de los 30 artículos, lo que significaría que las materias de esos artículos se regularían por leyes especiales en lugar de requerir referendos futuros.
Entre estos artículos, hay 13 que se refieren al sistema judicial y 17 relacionados con el modelo económico y sectores estratégicos. La propuesta incluye la eliminación de la elección popular de magistrados, en favor de un sistema de designación meritocrática.
"Esta es la verdadera garantía de fondo. Prohíbes las estatizaciones, nacionalizaciones y habilitas plenamente el arbitraje nacional e internacional".
Además, el proyecto de Alarcón busca derogar disposiciones relacionadas con la inversión extranjera que limitan el arbitraje internacional, creando así un espacio más seguro para los inversionistas.
Por su parte, Tuto Quiroga ha manifestado que su propuesta también tiene como objetivo abordar la crisis energética y la necesidad de nuevas inversiones para asegurar el abastecimiento de gas y electricidad en el país.
El gobierno de Paz continúa impulsando su Ley de Inversiones y otras normativas en el sector de hidrocarburos, minería y electricidad, sin modificar por ahora la Constitución, mientras que Alarcón considera que esta estrategia es insuficiente dada la existencia de una Ley de Inversiones desde 2014.
