Decreto Supremo N° 5693: Respaldo a Entidades Financieras Afectadas
El Gobierno de Bolivia ha aprobado el Decreto Supremo N° 5693, que busca fortalecer a las entidades financieras que enfrentan dificultades debido a la situación económica del país. Esta normativa tiene como objetivo principal garantizar la continuidad de los servicios financieros y prevenir el incumplimiento de los niveles mínimos de solvencia establecidos por la ley.
La medida responde a la actual coyuntura económica y social que ha impactado negativamente en el flujo de ingresos y la capacidad de generación interna de recursos de algunas instituciones financieras. Al hacerlo, se prevé evitar quiebras que puedan generar un efecto dominó, amenazando los depósitos de los ciudadanos.
El Fondo Amplio de Garantía y de Crédito está autorizado para emitir, de manera excepcional y temporal, Certificados de Fortalecimiento Patrimonial. Estos certificados tendrán una duración máxima de 90 días calendario y serán supervisados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
El decreto también establece que las entidades financieras que presenten afectaciones en su solvencia hasta el 31 de julio de 2026 podrán beneficiarse de esta medida. La ASFI se encargará de la regulación y control de los certificados emitidos para asegurar que las entidades cumplan con las normativas vigentes.
Además, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tiene un plazo de cinco días hábiles, desde la publicación del decreto, para definir las características de los certificados, mientras que la ASFI deberá hacerlo en un plazo de cinco días tras la emisión de dicha resolución.
El propósito de estas acciones es proporcionar un apoyo transitorio a las entidades vulnerables para que puedan mantener sus operaciones y garantizar el acceso a servicios financieros a la población, asegurando así la estabilidad del sistema bancario nacional en estos tiempos críticos.
Con esta medida, el Gobierno busca ofrecer un "oxígeno" temporal a las instituciones que enfrentan problemas de solvencia, minimizando el riesgo de quiebras y manteniendo la confianza del público en el sistema financiero nacional.
