Exministro Justiniano critica aprehensiones en el Ministerio Público
Jerjes Justiniano, quien fue ministro de la Presidencia, expresó su descontento sobre las aprehensiones recientes del exfiscal general del Estado, Roger Mariaca, y del exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos. Además, mostró preocupación por las intervenciones realizadas en varias oficinas de la Fiscalía a nivel nacional.
Justiniano planteó la necesidad de aclarar la orden que permitió la aprehensión de Mariaca, considerando que esto es crucial para validar la legalidad del procedimiento. Afirmó que se debe establecer si realmente el operativo se ajustó a las normativas vigentes.
El exministro argumentó que la acción tomada representa una violación a la Constitución Política del Estado y a la institucionalidad del Ministerio Público, lo que genera un clima de inseguridad e incertidumbre. "Lo que se ha hecho ha sido una vulneración a la Constitución", enfatizó.
Asimismo, Justiniano criticó la justificación de las aprehensiones bajo la premisa de acción directa, señalando que para que esto sea válido, debe existir flagrancia en la comisión del delito. También cuestionó el uso de declaraciones de un narcotraficante como base para las investigaciones.
Sugirió que estas acciones podrían estar motivadas por una lucha de poder entre sectores del Ministerio Público y el Gobierno, indicando que las investigaciones que llevaba a cabo Mariaca sobre personas cercanas al entorno presidencial podrían haber desencadenado estas reacciones.
En cuanto a cómo debió proceder el Gobierno ante la supuesta comisión de delitos por parte de autoridades del Ministerio Público, Justiniano subrayó la importancia de seguir los procedimientos legales establecidos, advirtiendo que el respeto al Estado de Derecho es fundamental.
Por último, el exministro expresó su preocupación por la situación jurídica de Mariaca, afirmando que este debe seguir en su cargo hasta que se cumplan los procesos legales correspondientes para su suspensión. Criticó también los allanamientos en las dependencias de la Fiscalía, calificándolos de ilegales y demandando claridad respecto a la autoridad que autorizó dichas acciones.
"No estoy defendiendo a nadie, solamente defiendo la legalidad, el debido proceso y la seguridad jurídica".
