Gobierno evalúa reducción de subvenciones en acuerdo con el FMI
El Gobierno de Rodrigo Paz está considerando recortar diversas subvenciones estatales, incluida la eliminación del subsidio a los combustibles, en el contexto del acuerdo económico establecido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta revisión podría impactar directamente en los costos de energía que deben afrontar tanto los hogares como las empresas.
El acuerdo estipula una reducción progresiva de subvenciones y del gasto público como parte de un ajuste fiscal necesario. El principal objetivo es disminuir el déficit del sector público, el cual ha sido señalado como uno de los desafíos más significativos de la economía boliviana.
El ajuste fiscal que se prevé tiene como meta alcanzar un nivel equivalente al 8,5% del PIB en el período comprendido entre 2026 y 2029. En particular, el tema de los combustibles es crítico, ya que el acuerdo indica que en 2026 los precios internos se mantendrán, pero a partir de enero de 2027 deberán ajustarse hacia la recuperación de costos, sin que el presupuesto del Estado contemple recursos para subsidiarlos.
El alcance de este acuerdo no se limita únicamente a gasolina y diésel. También se plantea la eliminación gradual de controles de precios que afectan alimentos y energía, así como la racionalización de la inversión pública, la reducción del gasto estatal y la reestructuración de empresas públicas que no sean sostenibles económicamente.
El Gobierno argumenta que estas acciones son parte de un plan de 36 meses destinado a estabilizar las finanzas públicas. El acuerdo con el FMI incluye un financiamiento aproximado de $us 1.900 millones y también se espera que facilite la obtención de recursos adicionales de entidades como el BID y la CAF.
Sin embargo, surge la inquietud sobre cómo afectarán estas medidas a la población. Aunque el Gobierno busca reducir el costo de las subvenciones, la eliminación o disminución de estas ayudas podría trasladar un mayor peso financiero a los consumidores y las empresas, lo que representa un nuevo desafío económico para los bolivianos.
En resumen, el acuerdo con el FMI no solo aborda los subsidios a los combustibles, sino que también abre un nuevo capítulo de ajustes en otras subvenciones, lo que podría repercutir directamente en el bolsillo de la ciudadanía.
