Intervención de YPFB por 180 días para mejorar sus operaciones
El Ejecutivo ha implementado una intervención temporal en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que se extenderá hasta por 180 días. Esta acción surge como respuesta a las deficiencias observadas en las operaciones de la empresa, con el propósito de fortalecer la cadena logística relacionada con la importación y distribución de carburantes.
La intervención se formaliza a través del Decreto Supremo 5697, que fue aprobado el 1 de septiembre. En el marco de esta medida, se establece una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria, cuya responsabilidad será supervisar la gestión de YPFB durante el periodo mencionado.
Duración y condiciones de la intervención
El plazo de intervención puede ser prorrogado una única vez por hasta 90 días más, si persisten las causas que motivaron esta decisión, mediante una resolución del Ministro de Hidrocarburos. Sin embargo, también se contempla la posibilidad de finalizar la intervención antes de los 180 días si se logran subsanar las deficiencias identificadas.
Según el decreto, las razones que justifican esta intervención son las deficiencias en los procesos de la cadena logística de importación y distribución de carburantes, que representan un riesgo para el interés público y la seguridad energética del país. Es importante señalar que esta medida no implica la disolución de YPFB ni cambios en su estructura jurídica.
La Comisión de Intervención estará conformada por los ministros o representantes de los Ministerios de Economía, Producción, Hidrocarburos, Obras Públicas, y el Viceministro de Transparencia. Su enfoque estará en mejorar las áreas de comercialización, logística y trazabilidad de los combustibles.
Entre las tareas que deberá realizar la comisión se encuentra la recomendación de auditorías técnicas a la cadena de suministro, así como la identificación de irregularidades como el contrabando y el desvío de combustibles. También tendrán la facultad de evaluar la gestión del personal de YPFB y, si es necesario, recomendar la remoción de funcionarios.
Asimismo, el decreto estipula que la intervención no requerirá recursos adicionales del Tesoro General de la Nación, ya que los gastos serán cubiertos con los presupuestos institucionales de las entidades que forman parte de la comisión. La información solicitada por la comisión deberá ser entregada por el personal de YPFB cumpliendo con los plazos establecidos, bajo riesgo de enfrentar responsabilidades administrativas o penales.
