Investigación sobre el exmilitar Gironda y su vinculación al Estado
El exteniente Fritz Juniors Gironda Aquize, quien está bajo investigación por presunta legitimación de ganancias ilícitas en conexión con Fernando Cerimedo, ha generado nuevos interrogantes respecto a su baja del Ejército y el manejo administrativo del proceso.
Gironda fue detenido recientemente tras escapar de un operativo policial en una casa de cambios en la zona Sur de La Paz, que está siendo investigada por sus supuestos vínculos con actividades financieras ilegales relacionadas con Cerimedo. Según la Fiscalía, Gironda abandonó el lugar con una bolsa que podría contener dinero en efectivo.
A pesar de que el Ejército informó que Gironda ya no es parte de la institución, ya que presentó su solicitud de baja que fue aprobada en mayo de 2026, hay evidencias que indican que aún figuraba como personal activo en 2025, evidenciando una posible falta en el proceso de desvinculación.
Una investigación de Visión 360 reveló que Gironda estaba registrado como personal de servicio activo y tenía irregularidades en la presentación de declaraciones juradas ante la Contraloría, lo que ha llevado a solicitar una revisión sobre la fecha y el proceso de su desvinculación.
El caso ha cobrado importancia tras la detención de Gironda, quien argumentó que su escape se debió a un malentendido, creyendo que se trataba de un asalto. Su abogado, Héctor Tapia, ha negado cualquier relación de su cliente con Cerimedo, lo que añade más capas a la controversia.
La Fiscalía ha solicitado la detención preventiva de Gironda en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito y está evaluando la necesidad de aclarar si hubo demoras en el proceso administrativo de su baja del Ejército, así como si continuó recibiendo remuneración del Estado durante ese tiempo.
Implicancias administrativas y legales
La situación de Gironda no solo representa un caso individual de sospecha de corrupción, sino que también plantea serias preguntas sobre la gestión interna del Ejército y cómo se manejan los procesos de retiro de personal, lo que podría tener repercusiones significativas en la confianza pública hacia las instituciones del Estado.
