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Irregularidades y Nepotismo en la Contraloría: Denuncias en la Gestión de Sandra Quiroga

Según un informe de Nova Press Bolivia, la administración interina de Sandra Quiroga Solano en la Contraloría General del Estado (CGE) podría estar relacionada con irregularidades y nepotismo. Quiroga fue nombrada por el presidente Rodrigo Paz mediante el Decreto Supremo 5538 el 3 de febrero de 2026. Las acusaciones surgen de testimonios de funcionarios que han optado por permanecer en el anonimato.

Uno de los puntos más debatidos es la designación de Patricia Elizabeth Arandia Quiroga como subcontralora de Servicios Legales. Los denunciantes destacan que su experiencia está mayormente en áreas administrativas, lo que genera dudas sobre su idoneidad técnica para el puesto. Además, se menciona una supuesta relación sentimental con Rubén Darío Cardozo Marañón, quien fue subcontralor general y luego se incorporó al Ministerio de Gobierno, aunque esto no implica una prueba concreta de nepotismo.

La publicación también alerta sobre un posible uso indebido del sistema informático CONTROLEG, que gestiona información relacionada con procesos judiciales y auditorías. Se alega que este sistema pudo haber sido alterado para borrar registros de casos pendientes vinculados a Rodrigo Paz, lo que podría haber favorecido su candidatura presidencial del 2025. No obstante, el artículo no presenta evidencias judiciales que respalden esta acusación.

Los denunciantes han cuestionado la gestión de Cardozo en la Contraloría, señalando supuestas deficiencias en los sistemas informáticos y en convenios con instituciones académicas. Además, han expresado inquietudes sobre el traslado de ciertos funcionarios de la anterior administración a otros organismos estatales, como el Ministerio de Gobierno, sugiriendo que estas decisiones podrían estar influenciadas por vínculos políticos.

Hasta el momento, las acusaciones realizadas por Nova Press no han sido confirmadas por fuentes judiciales independientes. La Contraloría ha declarado que Quiroga asumió el cargo de manera interina para asegurar la continuidad de las funciones hasta que la Asamblea Legislativa designe a una autoridad definitiva. Las instancias competentes serán las encargadas de investigar las denuncias y determinar si hubo irregularidades en esta gestión.