Oruro reclama al Gobierno central el financiamiento del bono de riesgo

La Gobernación de Oruro ha manifestado que el financiamiento del bono de riesgo, correspondiente a la gestión 2026, debe ser responsabilidad del Gobierno central. Esto se fundamenta en la Ley Nº 1771, promulgada el 30 de septiembre, que establece nuevas disposiciones sobre este beneficio.
Omar Calizaya Choque, secretario departamental de Asuntos Jurídicos, detalló que la nueva legislación modifica la obligación de financiamiento del bono. Por su parte, Marcelo Quilo Dorado, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), indicó que la Gobernación había presupuestado 7,4 millones de bolivianos para este propósito, pero el cambio normativo ha complicado la situación.
A pesar de que se habían hecho traspasos presupuestarios para asegurar el pago, la promulgación de la ley antes del 15 de octubre ha llevado a la Gobernación a desvincularse de la responsabilidad de pago. El artículo segundo de la Ley Nº 1771 asigna al Ministerio de Salud la ejecución del desembolso.
El sindicato de trabajadores de salud ha expresado su descontento ante la falta de respuestas concretas tanto de la Gobernación como del Gobierno central. Rodolfo Pita Romero, secretario general del sindicato, ha sostenido que la movilización continuará hasta que se clarifique la situación.
Los trabajadores consideran el bono de riesgo como un logro histórico, con más de 30 años de vigencia. El monto correspondiente a la gestión 2026 estaba programado para ser pagado el 6 de julio, y la Gobernación ha ofrecido apoyo para que los trabajadores gestionen la solicitud de pago ante el Ministerio de Salud.
La falta de un acuerdo claro entre la Gobernación de Oruro y el Gobierno central podría repercutir negativamente en la atención de salud en la región. Los trabajadores insisten en la urgencia de una resolución que defina quién se hará cargo del financiamiento del bono de riesgo, un tema que continúa generando incertidumbre en el sector salud.