Responsabilidades en el escándalo de 'gasolina basura' abarcan gestiones de Arce y Paz
El diputado Carlos Alarcón, miembro de la comisión que investiga el caso de la denominada 'gasolina basura', comentó que el informe revela responsabilidades potenciales en funcionarios tanto de la administración actual como del gobierno anterior de Luis Arce.
Este documento será analizado en los próximos días por el pleno de la Cámara de Diputados, que decidirá las acciones a seguir en la investigación sobre la calidad del combustible y los contratos relacionados con su provisión.
Alarcón mencionó que entre los posibles implicados se encuentran el expresidente Luis Arce Catacora, exministros como Mauricio Medinaceli y Gallardo, además de expresidentes de YPFB como Wilson Dorgathen y otros directivos de la empresa estatal.
"Es evidente que ambas gestiones tienen algo de responsabilidad", subrayó el legislador, quien también exigió que cualquier intento de modificar las conclusiones del informe debe estar respaldado con argumentos válidos. En particular, se refirió a la presidenta de la comisión especial, diputada Ximena Arispe, a quien cuestionó por su enfoque en el manejo del documento.
Uno de los puntos críticos que Alarcón resaltó es el contrato firmado entre YPFB y la empresa Ditol durante la gestión de Dorgathen, bajo el gobierno de Arce. Este contrato, según su versión, fue modificado en cuatro ocasiones durante la administración anterior y luego ampliado una vez más por la actual gestión con una quinta enmienda el 17 de diciembre de 2025, que coincidió con el levantamiento de la subvención a los combustibles.
El diputado cuestionó por qué se optó por extender el contrato en lugar de buscar otras alternativas de abastecimiento de combustible que se ajustaran a las nuevas condiciones de mercado. Argumentó que esto permitió que el contrato se mantuviera vigente hasta el 30 de junio de 2026, periodo en el cual se siguió proveyendo el combustible relacionado con el escándalo.
El caso es significativo no solo por las implicaciones políticas, sino también por su impacto económico, ya que involucra a la principal empresa estatal en el sector de hidrocarburos y afecta directamente el abastecimiento de combustibles en el país, lo cual repercute en el transporte y en los precios de los productos básicos.
Alarcón también criticó el hecho de que el informe permaneciera sin ser tratado durante un mes desde su envío a la Presidencia de la Cámara Baja, sugiriendo que esto se realizó con poco entusiasmo.
Finalmente, el documento será presentado ante el pleno de Diputados, que evaluará las conclusiones de la comisión y determinará si corresponde tomar medidas en términos de responsabilidades políticas o administrativas, en un contexto donde el manejo de contratos de importación y provisión de combustibles cobra relevancia ante el alza de precios y la disponibilidad en el mercado.
