Legisladores critican el refugio de Achacollo en Brasil y alertan sobre encubrimientos
La exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, ha recibido refugio temporal en Brasil, lo que ha levantado alarmas entre legisladores bolivianos. Los diputados Rodrigo Antonio y Adriana Jiménez han manifestado su inquietud respecto a esta situación, considerando que podría haber encubrimiento hacia exautoridades del MAS implicadas en el desfalco del extinto Fondo Indígena.
Achacollo está vinculada a un caso de corrupción que involucra un desfalco millonario al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc). A raíz de su refugio, los legisladores han exigido que la justicia boliviana actúe de manera expedita para que Achacollo enfrente los cargos en su contra, argumentando que la protección que ha recibido es un signo claro de proteccionismo hacia ciertos exfuncionarios.
El diputado Rodrigo Antonio ha expresado su descontento, afirmando que el gobierno debe solicitar de inmediato su extradición y reafirmando que el proceso judicial en su contra no debe ser confundido con una persecución política. "Es preocupante observar la actitud del Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público en este asunto, lo que podría indicar un pacto de impunidad", destacó.
Por otro lado, la diputada Adriana Jiménez también ha criticado que exfuncionarios con investigaciones abiertas puedan salir del país sin complicaciones. Insistió en la urgencia de que la justicia actúe con rapidez para evitar que se repitan casos como el de Achacollo, quien ha logrado el refugio temporal desde el 9 de abril, lo que le otorga protección provisional mientras su solicitud de asilo es evaluada.
Jiménez añadió que este episodio resalta un preocupante nivel de proteccionismo, sugiriendo que podría haber acuerdos no transparentes que facilitan la evasión de la justicia. "El tiempo que se toma la judicialización de estos casos no debe ser un motivo para que los acusados escapen sin consecuencias", concluyó.
Achacollo, quien estuvo detenida preventivamente desde agosto de 2016 y fue liberada en julio de 2020 bajo medidas sustitutivas, representa un caso emblemático que pone en duda la eficacia de los controles migratorios y la confianza en el sistema judicial boliviano.
