Impulso al debate sobre reforma constitucional en la Asamblea Legislativa
El diálogo sobre la reforma a la Constitución en Bolivia se ha intensificado, con el objetivo de modificar 30 artículos para atraer inversiones y mejorar la seguridad jurídica. Este debate se produce en el contexto de la propuesta del Gobierno de Rodrigo Paz, que busca discutir una nueva Ley de Inversiones, fundamental para su plan económico.
El diputado Carlos Alarcón, de la alianza Unidad, ha presentado un proyecto que sugiere desconstitucionalizar varios artículos y prohibir las nacionalizaciones, así como restablecer el arbitraje internacional en disputas entre el Estado y los inversionistas. Jorge Tuto Quiroga, líder de Libre, también ha propuesto una reforma relacionada con la crisis energética, enfocándose en la necesidad de generar un entorno de seguridad jurídica que incentive la inversión extranjera.
Desde 2014, Bolivia tiene vigente una Ley de Inversiones, aprobada durante el Gobierno de Evo Morales. Sin embargo, el presidente Paz se ha inclinado por una estrategia que no incluye cambios a la Constitución de 2009, optando por una Ley de Inversiones presentada el 13 de agosto, que se basa en el artículo 411 de la Constitución, que regula las reformas parciales.
Alarcón ha destacado la importancia de su propuesta, afirmando que busca remediar problemas económicos y judiciales, y que su iniciativa permitiría desconstitucionalizar los artículos en cuestión sin requerir referendos adicionales. La reforma también plantea un artículo que prohibiría la expropiación de inversiones y permitiría resolver disputas a través de arbitrajes acordados entre las partes.
El expresidente Quiroga ha señalado que su propuesta se vincula con la necesidad de atraer nuevas inversiones para evitar futuras crisis en el suministro de recursos como el GLP y la electricidad. Tanto él como Alarcón coinciden en que se requiere mayor seguridad jurídica y arbitraje internacional para fomentar la inversión.
La agenda económica del presidente Paz incluye reformas estructurales que buscan frenar el déficit y controlar el endeudamiento, así como otorgar mayor autonomía a los gobiernos subnacionales. Sin embargo, la viabilidad de estas reformas enfrenta tensiones políticas en el Legislativo, donde se debate entre la apertura a la libre iniciativa económica y la protección de los derechos sociales establecidos en la actual Constitución.
