Avanza el Proyecto Minero Carangas: Inversión millonaria y reubicación de pobladores en Oruro
El proyecto minero Carangas, que se desarrolla en el departamento de Oruro, ha entrado en una fase decisiva con la expectativa de una inversión que supera los 380 millones de dólares. Esta iniciativa, operada por New Pacific Metals Corp. y su socio nacional Minera Granville S.R.L., contempla el traslado de la población actual a un nuevo asentamiento diseñado para albergar a más de 3.000 habitantes.
Freddy Flores, asambleísta departamental por la provincia Mejillones, informó sobre el proceso de consulta previa que se llevó a cabo a mediados de julio, en cumplimiento de la Ley 535 de Minería y Metalurgia. En la reunión del 13 de julio participaron autoridades locales, representantes de la empresa y miembros de la comunidad, donde se discutió la ubicación del nuevo asentamiento.
La explotación minera en Carangas se llevará a cabo mediante la modalidad a cielo abierto, dado que los yacimientos de plata, plomo, cobre y zinc se encuentran bajo la mancha urbana del actual poblado, lo que hace inevitable el traslado. El actual pueblo, con una población histórica de alrededor de 500 a 600 personas, será reubicado a un área que contará con equipamientos educativos, servicios de salud, áreas verdes y espacios industriales.
El proyecto no solo busca generar empleo, con una previsión de 500 puestos de trabajo directos y 3.000 indirectos, sino también impulsar la economía local, ya que se estima que genera 300 millones de bolivianos en regalías mineras al departamento. De esta cantidad, el 15% irá destinado al municipio de Carangas, lo que permitirá mejorar la infraestructura social y los recursos del área.
La Gobernación de Oruro ha trabajado para que la explotación minera en Carangas sea considerada una prioridad, lo cual se formalizará mediante una ley de necesidad estatal que será revisada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Posteriormente, la empresa deberá realizar la Declaratoria de Impacto Ambiental, conforme a la Ley 1333 de Medio Ambiente, seguido de una Consulta Pública que incluirá a las comunidades aguas abajo.
Las autoridades han reafirmado su compromiso de realizar un seguimiento riguroso para minimizar los impactos ambientales que podría ocasionar el proyecto, asegurando así la conservación de los recursos naturales de la región.
