Reclutamiento engañoso: La historia de los bolivianos explotados en Rusia vuelve a resonar
En 2008, un escándalo conocido como Cidenbol sacudió a Bolivia cuando más de 250 trabajadores, principalmente albañiles, fueron reclutados en Cochabamba bajo falsas promesas de empleo en Rusia. La organización, compuesta por nacionales bolivianos y rusos, ofrecía salarios atractivos de entre $us 2.000 y $us 2.500 mensuales para labores en la ciudad de Rostov. Sin embargo, la realidad fue muy diferente.
Los trabajadores debían pagar entre $us 5.000 y $us 7.500 para cubrir costos de pasajes y trámites migratorios, muchos de ellos hipotecando sus propiedades o vendiendo terrenos para costear el viaje. Al llegar a Rusia, fueron despojados de sus documentos y obligados a firmar contratos en ruso, un idioma que no dominaban, y el salario prometido se redujo drásticamente a unos $us 380 o $us 400.
Las condiciones laborales resultaron ser deplorables: largas jornadas de 14 a 15 horas sin equipos de protección, escasez de alimentos y alojamientos hacinados. El coronel Boris Bellido, ex responsable de Trata y Tráfico de Personas, describió cómo los obreros fueron sometidos a trabajos en diferentes industrias sin ningún tipo de seguridad.
El regreso a Bolivia fue complicado y lleno de obstáculos. Aunque un grupo de 25 trabajadores logró regresar en septiembre de 2008, muchos quedaron atrapados en Rusia, enfrentando una situación crítica. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos estimó que más de 350 bolivianos fueron afectados, incluidos aquellos que pagaron sin llegar a viajar.
El caso culminó en febrero de 2011 con la condena de los hermanos Richard y René Canelas Guzmán, quienes fueron sentenciados a 13 años y seis meses de prisión por tráfico de migrantes y estafa agravada. Sin embargo, el delito de trata de personas no fue considerado en la sentencia debido a la falta de pruebas.
Dieciocho años después, la Fiscalía de Bolivia investiga nuevos casos que reflejan un patrón similar, pero con un desenlace potencialmente más peligroso: presunta trata de personas para ser reclutados en conflictos armados, incluyendo una conexión con la guerra en Ucrania. Actualmente, se están investigando al menos 31 víctimas en Santa Cruz, Beni y Tarija.
El Ministerio Público ha solicitado información a países como Perú, Colombia, Venezuela y Rusia, y ha identificado a un posible líder del reclutamiento en Santa Cruz. Mientras tanto, familiares de dos jóvenes que supuestamente han fallecido en el frente han organizado un velorio simbólico, aunque la Cancillería aún no ha confirmado oficialmente esos decesos.
