Exfuncionarios de Oruro enfrentan investigación por deudas millonarias
El Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) está tomando medidas para investigar y señalar responsabilidades entre exautoridades y funcionarios por deudas que alcanzan los 21 millones de bolivianos, principalmente relacionadas con los casos de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) y la constructora Ceibo.
José Manuel González Ferrufino, secretario municipal de Asuntos Jurídicos, señaló que la deuda con EBA se generó durante la provisión de alimentos en la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19. Por otro lado, la obligación con Ceibo está vinculada a la construcción del paso a desnivel sobre la avenida del Ejército.
El proceso referente a Ceibo se encuentra en una fase de conciliación, donde el municipio y la empresa están revisando la documentación para establecer con claridad los montos y el estado actual de la obra. González indicó que se han encontrado inconsistencias en los archivos del municipio, ya que algunos documentos entregados por Ceibo no están disponibles para su verificación.
En cuanto a la situación con EBA, el secretario municipal recordó que hace poco se realizó el pago de 21 millones de bolivianos por el servicio de suministro de alimentos. Sin embargo, queda pendiente un recurso de casación que podría resultar en costos adicionales para la Alcaldía, por lo que se requiere una resolución judicial que defina el futuro financiero del municipio respecto a este asunto.
González enfatizó que es crucial emprender acciones legales contra aquellos que han causado perjuicios económicos al municipio, subrayando que la administración actual no puede permitirse cargar con las consecuencias de la mala gestión de autoridades anteriores. Además, advirtió que las deudas heredadas no deberán restar responsabilidades a quienes las generaron.
El alcalde Iván Quispe ha instruido a las distintas unidades del municipio a preparar informes que aclaren por qué el pago reciente de 21 millones no estaba contemplado en el presupuesto municipal y los eventos que llevaron a la demanda por daños y perjuicios.
Finalmente, es importante destacar que estos dos casos representan obligaciones que provienen de gestiones pasadas, con el objetivo de que la actual administración busque no solo la claridad en los procesos judiciales, sino también la recuperación de los daños ocasionados al municipio.
