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  • MUNDO
  • Por Marlene Fuertes

Creación de áreas protegidas para mitigar impacto de carretera en la Amazonía brasileña

El Gobierno de Brasil estableció este martes cuatro nuevas áreas naturales protegidas en la región amazónica, con el fin de mitigar el efecto negativo de la controversia generada por la pavimentación de la carretera BR-319, que atraviesa la selva.

Estas unidades de conservación abarcan un total de 6.690 kilómetros cuadrados y fueron presentadas por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante un evento con motivo del Día de la Amazonía.

Las áreas protegidas están habitadas por pequeñas comunidades que se dedican a la pesca y la agricultura de subsistencia, las cuales podrán continuar sus actividades pese a la creación de estas reservas.

La medida busca prevenir que la mejora de la BR-319, impulsada por el Gobierno, genere una ola de ocupaciones ilegales en las tierras adyacentes y un incremento en la deforestación.

Vamos a construir una carretera moderna, que va a poder dar salida a la producción de dos regiones brasileñas, pero que ejemplificará ante el mundo cómo es posible combinar desarrollo con preservación.

La BR-319, que se extiende cerca de 900 kilómetros, conecta Porto Velho, la capital del estado de Rondônia, con Manaos, capital del estado de Amazonas. Actualmente, un tramo de aproximadamente 400 kilómetros presenta condiciones de pavimentación muy deficientes, lo que causa que se vuelva intransitable durante la temporada de lluvias, aislando a Manaos por tierra.

La pavimentación de esta carretera ha sido una demanda persistente de empresarios y políticos locales, aunque grupos ecologistas han manifestado su preocupación por las consecuencias ambientales que puede acarrear.

Desde el inicio de su mandato, el Gobierno de Lula ha implementado medidas para reducir la deforestación en la Amazonía, logrando revertir la tendencia al aumento de la tala de bosques. Según datos oficiales, la tala en la zona de influencia de la BR-319 disminuyó un 70 % entre 2022 y 2025, resultado de un refuerzo en la supervisión de delitos ambientales.