Bolivia y FMI: Un nuevo programa económico en marcha
El Gobierno de Bolivia ha establecido un acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), con una duración de tres años. Este acuerdo incluye un conjunto de políticas fiscales, monetarias y estructurales que buscan estabilizar la economía nacional y mitigar los desequilibrios acumulados en años recientes.
De acuerdo con el Memorando de Políticas Económicas y Financieras, el Gobierno enfatiza que estas medidas son parte de una estrategia soberana para restaurar la estabilidad macroeconómica, asegurar la sostenibilidad de la deuda y fomentar un crecimiento basado en el sector privado.
Objetivos principales del programa
- Reducir gradualmente el déficit fiscal, eliminando el déficit primario del Sector Público No Financiero al final del programa.
- Disminuir el déficit global al 3,5% del PIB para 2029.
- Revisar y controlar el gasto público, limitando la contratación y revisando inversiones públicas ineficientes.
En cuanto a los subsidios a los combustibles, el acuerdo sostiene que los precios internos se mantendrán sin cambios durante el año 2026, pero se prevé eliminar por completo las subvenciones a partir de enero de 2027. Para ese año, el presupuesto no incluirá recursos destinados a mantener estas subvenciones, moviéndose hacia un esquema de precios basado en el costo real.
El acuerdo también prevé la integración del sector privado en la importación, refinación y comercialización de combustibles, con precios fijados por el mercado. Esta medida, aunque necesaria, podría traer consigo presiones inflacionarias y descontento social, por lo que se ha propuesto fortalecer la asistencia a los sectores más vulnerables ante estos cambios.
Otro aspecto relevante del programa es la flexibilización del tipo de cambio, que incluye la unificación de los tipos de cambio y la transición hacia un sistema donde las tasas sean determinadas por el mercado. Además, se busca reemplazar el tipo de cambio como ancla nominal principal, estableciendo metas de base monetaria y ajustando tasas de interés de corto plazo con el fin de controlar la inflación.
Para evaluar la solidez del sistema financiero, se llevarán a cabo pruebas de solvencia y liquidez, así como revisiones sobre la calidad de los activos de los bancos de importancia sistémica. Se prevé también un plan para la liquidación gradual de ciertos contratos de créditos, así como la normalización del acceso a depósitos en divisas.
Ante los posibles efectos adversos de estas reformas, el programa contempla la creación de un Registro Social Unificado, que se espera esté operativo para marzo de 2027, con el objetivo de identificar y canalizar correctamente la asistencia estatal hacia los hogares que más la necesiten.
Finalmente, el acuerdo con el FMI busca abordar los desafíos fiscales y económicos que ha enfrentado el país, proporcionando un marco de tres años con medidas que incluyen ajustes fiscales, transformaciones en el sistema cambiario, eliminación de subsidios a combustibles y reformas en el sistema financiero, todo ello con la intención de atraer más inversión privada.
