Gobierno prioriza la reestructuración de empresas públicas
El Gobierno boliviano ha declarado como prioridad la reorganización, disolución o liquidación de empresas públicas a través del Decreto Supremo 5727, que fue emitido en la madrugada del viernes. Esta decisión se tomó en un gabinete virtual encabezado por el presidente Rodrigo Paz desde Estados Unidos.
Este decreto establece que el proceso de reorganización se llevará a cabo sin interrumpir las actividades de las empresas involucradas. El artículo 2 del decreto especifica que se basará en un diagnóstico técnico elaborado por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP), el cual deberá ser aprobado por el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP).
Tras la aprobación del diagnóstico técnico por parte del COSEEP, el ministerio correspondiente tiene un plazo de 15 días hábiles para promover la normativa necesaria, que puede incluir un nuevo decreto o un proyecto de ley, de acuerdo al tipo de normativa bajo la cual fueron creadas las empresas.
Las operaciones de las empresas no se detendrán durante este proceso. Además, las investigaciones, auditorías o procedimientos administrativos no detendrán la disolución o liquidación de las empresas. Sin embargo, esto no exime de responsabilidades a los actuales o exfuncionarios que hayan estado involucrados en la gestión de dichas entidades.
Recientemente, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Andrés Morales, mencionó que en un futuro cercano se cerrarán entre 8 a 10 empresas estatales como parte de este proceso de reestructuración.
