Gobierno boliviano prioriza reestructuración de empresas públicas para salvaguardar economía
El gobierno del presidente Rodrigo Paz ha tomado la decisión de reorganizar, disolver o liquidar empresas públicas del Estado central, con la finalidad de mantener el orden en estos procesos y proteger los activos públicos de un posible deterioro, así como reducir la carga financiera sobre el Tesoro General de la Nación (TGN).
Esta estrategia está respaldada por el Decreto Supremo 5727, que se fundamenta en los diagnósticos realizados por la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) y las resoluciones del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Coseep), conforme a la Ley 1755.
Según el decreto, las empresas que se encuentren en proceso de disolución tendrán restricciones, como la prohibición de adquirir nuevas deudas, enajenar activos, contratar nuevo personal, aumentar salarios o celebrar contratos que comprometan recursos futuros. Esta medida busca evitar que se generen nuevas obligaciones económicas mientras se lleva a cabo el proceso de cierre.
Los ministerios responsables de cada sector dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para elaborar y presentar propuestas normativas que faciliten la conclusión de los procesos de reorganización o liquidación de las empresas afectadas.
Es importante señalar que el hecho de que una empresa pública se cierre no implica la culminación de las investigaciones relacionadas con posibles responsabilidades. Los procesos administrativos, civiles o penales seguirán su curso de manera independiente y no interferirán con los procedimientos de disolución o liquidación.
Por último, como medida de transparencia, se establecerá que los informes finales de estos procesos sean enviados a la Asamblea Legislativa Plurinacional, lo cual permitirá un seguimiento institucional a las decisiones tomadas y a la situación de las empresas públicas mencionadas en la normativa.
