Bolivia plantea protocolos de protección para jueces en cumbre en Quito
En Quito, Ecuador, representantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Magistratura de Bolivia abordaron la urgencia de establecer mecanismos específicos que garanticen la seguridad de los operadores de justicia frente a las amenazas del crimen organizado. Esta discusión se llevó a cabo en el marco del "Diálogo sobre el papel de los poderes judiciales en la lucha contra el crimen organizado" y el "Taller sobre la revisión del Estatuto del Juez Iberoamericano", organizados por EL PAcCTO 2.0.
El evento reunió a representantes de diversas entidades, como la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos, para evaluar los retos que enfrenta la judicatura ante el crecimiento de la delincuencia organizada transnacional y para discutir la actualización del Estatuto del Juez Iberoamericano.
La delegación boliviana estuvo compuesta por Germán Pardo, magistrado del TSJ de Cochabamba, y Manuel Baptista, decano del Consejo de la Magistratura. Ellos participaron en las actividades efectuadas entre el 24 y el 26 de septiembre en el país vecino.
Durante su intervención, los magistrados enfatizaron que la independencia judicial no debe limitarse a evitar injerencias externas, sino que también precisa de condiciones de seguridad que aseguren que los jueces actúen únicamente en base a la ley y la Constitución, sin temor a represalias que pongan en riesgo su integridad o la de sus familias.
- Asesinato del juez Wilber Marcial Cruz Arancibia el 7 de noviembre de 2025 en Cochabamba.
- Asesinato del magistrado Víctor Hugo Claure Hinojoza el 30 de abril de 2026 en Santa Cruz.
Los representantes bolivianos recordaron los asesinatos de dos jueces, señalando que estos crímenes, realizados con características de sicariato, han marcado un duro impacto en el sistema judicial. Hicieron hincapié en que corresponde a las autoridades correspondientes investigar a fondo los móviles y las posibles conexiones con estructuras criminales.
Como respuesta a esta problemática, Bolivia propuso la creación de un Protocolo Iberoamericano de Prevención y Respuesta ante Amenazas a los Operadores de Justicia, así como la necesidad de desarrollar protocolos nacionales que aseguren acciones inmediatas ante estos riesgos. Hasta la fecha, el país no cuenta con un marco integral que aborde adecuadamente estas situaciones.
