Distribuidores de GLP enfrentan costos crecientes y YPFB asegura abastecimiento

Los distribuidores de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en Bolivia han manifestado que están enfrentando serias dificultades para asegurar la entrega de garrafas a los barrios. Esta situación se debe al aumento de sus costos operativos, que se ha visto agravado por la eliminación de la subvención al diésel.

El principal motivo de estos reclamos radica en el costo del transporte, ya que el aumento del precio del diésel ha incrementado significativamente los gastos operativos de los camiones encargados de trasladar las garrafas desde las plantas hasta los puntos de venta. Por esta razón, los distribuidores exigen una revisión de las tarifas que reciben por este servicio.

Frente a la amenaza de una posible paralización en el servicio, YPFB ha alcanzado un acuerdo temporal con los representantes del sector de transporte de GLP para garantizar el suministro mientras se lleva a cabo una consultoría independiente que determinará la necesidad de una actualización de las tarifas de flete.

YPFB anticipa que este estudio podría finalizar en un plazo de alrededor de 21 días, aunque aún no se especificaron cifras sobre el posible ajuste en las tarifas. Esta situación no es aislada, ya que se suma a los problemas de abastecimiento que se presentaron a lo largo de 2026, donde se reportaron largas filas y quejas en varias regiones del país.

En particular, durante el mes de enero, las personas enfrentaron largas esperas, y en julio, los distribuidores atribuyeron la mayor demanda al invierno, los feriados y el deterioro de los cilindros. En esa ocasión, se destacó que un número significativo de las garrafas estaba dañado, lo que limitaba la capacidad para atender adecuadamente la demanda de los consumidores.

El acuerdo actual entre YPFB y los distribuidores tiene como objetivo evitar cualquier interrupción prolongada en el servicio de abastecimiento de GLP, pero la solución definitiva dependerá de los resultados del estudio de costos y de las medidas que adopten las autoridades junto al sector respecto a las tarifas de transporte.