Gobierno boliviano busca regularizar contratos mineros para combatir la minería ilegal
El Ministerio de Minería de Bolivia está implementando reformas para facilitar la obtención de derechos mineros y combatir la minería ilegal. El ministro Marco Antonio Calderón de la Barca ha señalado que uno de los objetivos clave es acelerar la entrega de Contratos Administrativos Mineros (CAM), que son fundamentales para garantizar la seguridad jurídica en las operaciones mineras.
Para lograr esto, el Gobierno ha eliminado 11 resoluciones ministeriales que imponían requisitos adicionales a los establecidos en la Ley 535. Además, se está promoviendo la digitalización de los trámites que realiza la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), con el fin de reducir los tiempos de espera y facilitar la formalización de nuevos proyectos.
El ministro también ha indicado que existen operaciones que funcionan sin licencia ambiental, lo que ha llevado a la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y estandarizar los requisitos entre las diferentes instituciones que emiten estas autorizaciones. Un ejemplo de las falencias en el control es el reciente decomiso de 189 kilogramos de oro con documentación falsa en el aeropuerto de Viru Viru.
Otro aspecto crucial de la política minera es la reducción del uso de mercurio, en línea con el cumplimiento del Convenio de Minamata. Calderón ha mencionado que Bolivia tiene la intención de adoptar tecnologías utilizadas en países como Colombia y Ecuador, que permiten la recuperación de oro sin recurrir al mercurio, especialmente en operaciones donde esto sea viable.
El ministro ha advertido que la lucha contra la minería ilegal demandará mayores recursos tecnológicos y operativos. Entre las propuestas se incluye el uso de monitoreo satelital para detectar actividades ilegales de manera temprana, coordinando las intervenciones necesarias con la Policía Boliviana y, de ser preciso, con las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, a pesar de las reformas planteadas, persisten preocupaciones sobre el equilibrio entre la urgencia ambiental y la presión económica. La aceleración en la entrega de CAM busca formalizar el sector y reducir la clandestinidad, pero una rápida tramitación sin fiscalización rigurosa podría resultar en la legalización de la devastación ambiental.
La AJAM ha acumulado una gran cantidad de solicitudes pendientes para la emisión de CAM, lo que ha llevado a cooperativas auríferas y empresas privadas a operar en la informalidad, muchas veces sin Licencia Ambiental y sin realizar la Consulta Previa a las comunidades locales.
Además, las comisiones de fiscalización han sufrido emboscadas violentas durante sus operativos contra la minería ilegal, que ahora están controlados por grupos armados bien organizados. Organismos sociales e indígenas han expresado su inquietud sobre las presiones para flexibilizar normativas y permitir el acceso a áreas protegidas, lo que genera un conflicto entre los compromisos del Estado en conservación y los acuerdos con el sector minero.
