Morales solicita a Urioste investigar a Cerimedo por presuntos delitos graves
Evo Morales ha instado al fiscal general interino de Bolivia, José Armando Urioste, a que se realice una investigación de oficio sobre los audios presuntamente vinculados al asesor político argentino Fernando Cerimedo y otros individuos. En estos audios, se menciona la planificación de acciones que podrían comprometer la gobernabilidad y el manejo de la oposición en el país. Morales ha manifestado su preocupación por la falta de rapidez en la respuesta del Ministerio Público ante este asunto.
A través de sus redes sociales, Morales cuestionó si las menciones sobre posibles muertes, así como el uso de la fuerza policial sin la debida autorización, no justificarían una acción inmediata por parte de las autoridades. También se interrogó acerca de quién le otorgó a Cerimedo la capacidad de actuar por encima de las instituciones estatales.
Demandas de investigación sobre delitos de lesa humanidad
El líder cocalero ha solicitado que se investigue la posibilidad de que se hayan cometido delitos de lesa humanidad, así como otras acciones que pudieran derivarse del contenido de las grabaciones. Sin embargo, subrayó que las declaraciones realizadas deben ser verificadas por las autoridades competentes, ya que no constituyen pruebas contundentes de la ocurrencia de los delitos mencionados.
Esta solicitud de Morales se produce tras los comentarios de Urioste, quien aseguró que las investigaciones relacionadas con ambos personajes continuarían durante su gestión, subrayando que no se detendrán los casos en curso. Además, el fiscal anunció que se llevará a cabo una revisión de procesos que han sido objeto de críticas y se impulsarán auditorías internas.
Morales ha exigido resultados concretos de las investigaciones de la Fiscalía para la próxima semana, enfatizando la importancia de esclarecer el contenido de los audios. Hasta el momento, el foco de la investigación se centra en verificar la autenticidad de las grabaciones, el contexto de las conversaciones y la existencia de elementos suficientes para establecer posibles responsabilidades penales.
