Aceptación de observador en análisis de madera en Chile
Luego de prolongadas controversias por la retención de cargamentos de madera en Chile, la justicia de ese país ha autorizado la inclusión de Scott Richard Oulton, exjefe de laboratorios de la DEA estadounidense, como observador independiente en los nuevos análisis químicos de la carga.
La decisión se tomó en una audiencia que tuvo lugar el martes 20 de octubre en el Juzgado de Garantía de Arica, donde los abogados de las empresas bolivianas solicitaron medidas para proteger las pruebas y asegurar un examen técnico de las mercancías.
El anuncio fue bien recibido por las cámaras de exportadores y el sector forestal en Bolivia, quienes ven en esta decisión un paso fundamental en su defensa ante las acusaciones relacionadas con la posible presencia de sustancias prohibidas en la madera.
Oulton, presentado como un experto en el ámbito de laboratorios de la DEA, desempeñará la función de supervisar los procedimientos de análisis químico, aunque no reemplazará a los laboratorios encargados de realizar los exámenes.
Para los empresarios bolivianos, contar con un observador externo representa la oportunidad de verificar los procedimientos de análisis y comparar los resultados que dieron origen a la investigación. Además, se ha logrado la autorización para solicitar la realización de análisis de contramuestras de la carga retenida.
Los nuevos análisis deberán ser llevados a cabo en un laboratorio que cumpla con estándares técnicos similares a los del Instituto de Salud Pública de Chile, que participó en los análisis iniciales. Las autoridades deberán definir el procedimiento y la elección del laboratorio en los próximos días.
La próxima audiencia, programada para el 29 de octubre, será crucial para determinar la ejecución de estas pruebas, y los exportadores confían en que los resultados disipen las dudas sobre la posible contaminación de sus cargamentos con sustancias ilegales.
Por otro lado, el tribunal también ha decidido suspender temporalmente la incineración de la madera que permanece en retención en Arica, Valparaíso y San Antonio, estableciendo un plazo mínimo de 60 días para este proceso, con la posibilidad de reevaluar la situación conforme avance el procedimiento.
