Quispaya defiende su gestión en medio de controversia por el Carnaval de Oruro
Jacinto Quispaya, expresidente de la Asociación de Conjuntos del Folklore de Oruro (ACFO), se pronunció sobre la controversia generada en torno a la organización del Carnaval de Oruro, asegurando que durante su gestión presentó informes económicos auditados al municipio. Quispaya instó a las autoridades a revisar la documentación antes de hacer acusaciones y propuso la creación de mesas de diálogo para abordar el tema.
La controversia se origina a raíz de cuestionamientos sobre la rendición de cuentas y la gestión de ingresos por la venta de espacios durante el Carnaval, un evento reconocido por la Unesco como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. Quispaya, quien dejó su cargo en julio de 2023, destacó que su administración cumplió con la presentación de informes auditados y que estos están respaldados por documentos en los archivos municipales.
El exdirigente rechazó las acusaciones sobre supuestas irregularidades en su gestión y enfatizó que las observaciones deben ser aclaradas a través de los canales adecuados. Argumentó que los informes económicos de la ACFO están relacionados con la conciliación de cuentas con el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO) y mencionó que se habían cumplido hasta el último año, aunque la última conciliación aún está pendiente.
Quispaya también hizo referencia a la Ley Municipal 602, que, según su interpretación, establece responsabilidades compartidas entre el municipio, la ACFO y el Comité de Etnografía y Folklore en la organización del Carnaval. Resaltó que el municipio debe abordar temas de infraestructura, mientras que la ACFO se encarga de coordinar con los grupos folklóricos, asegurando así una adecuada presentación de las agrupaciones en el evento.
En relación a la venta de espacios, Quispaya aclaró que los paquetes turísticos son manejados por agencias de turismo y no directamente por la ACFO. Durante su gestión, se adquirió un terreno y se realizaron mejoras en las instalaciones para brindar mayor comodidad al público en la avenida Cívica. Además, indicó que los ocupantes de los espacios deben pagar al municipio por los metros lineales utilizados.
Quispaya insistió en que no hay nada que ocultar y subrayó que las acusaciones deben ser probadas en las instancias pertinentes. También hizo un llamado a resolver las diferencias a través del diálogo, en lugar de permitir que se intensifiquen las confrontaciones entre las autoridades y los representantes de la ACFO.
El conflicto por la organización del Carnaval de Oruro continúa, mientras se aguardan las explicaciones tanto de las autoridades municipales como de la nueva dirigencia de la ACFO sobre la gestión económica y la organización del evento.
