Bolivia reporta 965 casos de violencia sexual infantil en el primer semestre de 2026
La Paz, 9 de agosto de 2026. En el contexto del Día Nacional de la Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y de la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes, la Defensoría del Pueblo ha revelado que en los primeros seis meses de este año se han presentado 965 denuncias por este tipo de delitos, lo que refleja una preocupante tendencia de violencia sexual en Bolivia.
Pedro Callisaya, Defensor del Pueblo, ha señalado que la violencia sexual contra la infancia representa una de las más serias violaciones a los derechos humanos, ya que afecta profundamente la dignidad, la integridad física y psicológica de los menores, así como su desarrollo y proyecto de vida.
De acuerdo a datos proporcionados por el Ministerio Público, el año anterior se registraron un total de 10.816 denuncias por delitos contra la libertad sexual, de las cuales 2.313 correspondieron a casos de violación a menores de edad.
En 2026, la mayor parte de las denuncias se concentra en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, lo que pone de manifiesto una problemática que, muchas veces, ocurre en el seno de las familias o en círculos cercanos a las víctimas.
La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado a la acción estatal, enfatizando que es esencial implementar medidas efectivas para prevenir y enfrentar toda forma de violencia sexual, tal como lo estipulan diversas normativas, incluyendo la Constitución Política del Estado y la Ley Nº 548, que establece el Código Niña, Niño y Adolescente.
Entre las iniciativas llevadas a cabo por la Defensoría para combatir estas agresiones se incluyen la creación de Mesas Departamentales “Voces Unidas frente a la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes”, campañas de sensibilización y la implementación de una Política de Defensoras y Defensores Estudiantiles.
Callisaya ha instado al Estado a reforzar el Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente, a asegurar respuestas especializadas y a fortalecer la investigación y sanción de estos delitos, priorizando siempre la protección integral de la infancia.
