Chile propone un nuevo estado de excepción para combatir el crimen organizado
El presidente chileno, José Antonio Kast, presentó este lunes ante el Senado una reforma de seguridad que incluye la creación de un nuevo estado de excepción, medida que se tramitará con carácter urgente para hacer frente al crimen organizado.
La propuesta implica una serie de cambios a la Constitución que permitirán al Estado reforzar sus capacidades en la prevención y persecución del delito, en el contexto de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Se plantean ocho modificaciones que deberán ser debatidas en un período de 15 días.
Este nuevo estado de excepción podría ser declarado por el presidente ante una amenaza grave e inminente a la seguridad pública, permitiendo su implementación por un plazo de hasta 120 días, con la posibilidad de prorrogarlo una vez. La extensión posterior requerirá la aprobación del Congreso.
Las áreas afectadas por esta medida estarán bajo la supervisión inmediata de un Oficial General designado por el presidente. Durante su vigencia, el gobierno tendrá la facultad de restringir derechos como la libertad personal, el derecho a reunión y asociación, así como la capacidad de interceptar comunicaciones y requisar bienes.
Desde 2022, un estado de excepción ha estado vigente en cuatro provincias de las regiones de Araucanía y Biobío, renovado continuamente por el Congreso debido a episodios de violencia. Esta figura permite el despliegue militar para el control del orden público y otorga mayores poderes a las Fuerzas Armadas.
La reforma también incluye inhabilidades para aquellos condenados por delitos relacionados con el crimen organizado, quienes no podrán ocupar cargos públicos de forma perpetua ni acceder a beneficios penitenciarios durante 15 años. Además, se establecerán registros de organizaciones criminales, cuya regulación será definida en una futura ley.
El presidente tendrá la facultad de declarar a una agrupación como organización terrorista o del crimen organizado, pero esta decisión requerirá un informe del Ministerio Público y será sometida a votación en el Senado, donde se necesitará una mayoría de dos tercios para su aprobación.
A diferencia de países como Bolivia o Perú, Chile no es productor de drogas, sino que actúa como un país de destino y plataforma de distribución hacia Asia, Europa y Estados Unidos, lo que ha llevado a un aumento del crimen organizado en su territorio, convirtiéndose en una preocupación prioritaria para el gobierno.
El crimen organizado se ha asentado en el país suramericano a través de diversos negocios ilegales, transformándose en una de las principales preocupaciones del Ejecutivo.
