Cierre de bocaminas ilegales en Oruro: un paso hacia la conservación del medio ambiente
El 30 de julio se llevó a cabo una reunión interinstitucional en la que se definió el cierre de más de 30 bocaminas ilegales en Oruro, coordinada por la Universidad Técnica de Oruro (UTO). Este encuentro buscó implementar acciones que aseguren la protección del Área Protegida Municipal, que abarca las serranías de Santa Bárbara, San Felipe y Pie de Gallo. Sin embargo, se lamentó la ausencia de instituciones claves como el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales (SENARECOM).
Durante la reunión, se establecieron dos comisiones. La primera se encargará de evaluar técnicamente el cierre de bocaminas y accesos utilizados por la minería ilegal, buscando definir los métodos más adecuados para prevenir futuras intervenciones en el área protegida. La segunda comisión se enfocará en la coordinación entre instituciones y en la búsqueda de financiamiento para llevar a cabo estas acciones.
El rector de la UTO, Augusto Medinaceli, destacó la importancia de la universidad en la gestión de este proceso, enfatizando que la minería no debe desarrollarse en áreas urbanas ni en zonas protegidas. La UTO asumirá la responsabilidad técnica del sellado de las bocaminas, cuyo costo estimado es de más de 3.000 bolivianos cada una. Estos costos incluyen mano de obra, maquinaria, perforación y materiales necesarios para el cierre.
Rosa Linda Mamani, representante de la Junta de Vecinos Socavón I, resaltó la necesidad de establecer qué instituciones proporcionarán maquinaria y financiamiento para el sellado. Además, denunció la creciente expansión de la minería ilegal, que afecta a la comunidad, ya que se reportan detonaciones nocturnas en el sector de La Tetilla.
Para la próxima reunión programada para el 13 de agosto, se solicitó a todas las instituciones involucradas presentar sus presupuestos y compromisos para dar inicio al proceso de cierre de las bocaminas. Es fundamental recordar que estas serranías son un Área Protegida Municipal y un patrimonio de todos.
Un informe técnico de la Carrera de Ingeniería de Minas, realizado tras una inspección el 29 de junio en el cerro San Felipe, señaló que el cierre de las bocaminas presenta dificultades técnicas debido a la complejidad del terreno, además de limitarse por costos altos asociados a los explosivos y la mano de obra especializada. Ante esto, FEDECOMIN Oruro se manifestó en contra de financiar el proyecto, argumentando que las explotaciones corresponden a operadores ilegales.
Estas acciones son parte del cumplimiento de una Resolución Constitucional emitida por el Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, que ordenó detener de inmediato las actividades mineras ilegales y desarrollar un Plan de Manejo para el Área Protegida. Los vecinos se comprometen a realizar un control social para asegurar el cumplimiento de esta resolución, reafirmando la importancia de las áreas protegidas como patrimonio natural y cultural del país.
