Condenan a hombre por grabar a su esposa con un robot aspirador

En Taiwán, un hombre fue sentenciado a cinco meses de prisión tras grabar sin el consentimiento de su esposa con la cámara de un robot aspirador, con el fin de obtener pruebas de una presunta infidelidad. La grabación, en lugar de servirle como prueba en un caso civil, terminó convirtiéndose en un motivo para su condena penal.

El incidente ocurrió en el contexto de una relación matrimonial que comenzó en 2021. Después de que la pareja pasara tiempo en una casa de vacaciones en el distrito de Guishan, el esposo empezó a sospechar de la fidelidad de su esposa, lo que lo llevó a investigar más al encontrar objetos que no le pertenecían en su hogar.

El hombre, tras revisar las cámaras de seguridad, notó la presencia de un extraño que había pasado la noche en la casa. Para confirmar sus sospechas, optó por utilizar el robot aspirador para grabar lo que sucedía dentro de la vivienda, accediendo a la cámara del dispositivo desde su teléfono móvil.

Al activar la grabación, capturó imágenes de su esposa en una situación íntima con otra persona, incluyendo escenas en las que ella estaba desnuda. Aunque el material se utilizó inicialmente en una demanda civil buscando una compensación de 2 millones de dólares taiwaneses (aproximadamente 54.350 euros), el tribunal civil otorgó una indemnización menor de cerca de 13.585 euros.

La historia dio un giro cuando la esposa presentó una contrademanda alegando que su esposo la había grabado sin su autorización. En el juicio penal, el hombre afirmaba que su intención era proteger sus derechos dentro del matrimonio, pero el tribunal de Taoyuan desestimó sus argumentos.

El tribunal concluyó que el derecho a la privacidad de la esposa era más importante que el deseo del esposo de demostrar una infidelidad. Se determinó que ella tenía una expectativa razonable de privacidad en su hogar, especialmente cuando estaba en situaciones vulnerables.

Finalmente, el hombre fue hallado culpable de grabación no autorizada y recibió una pena de cinco meses de prisión, que podría ser sustituida por una multa equivalente a unos 4.000 euros. Este caso pone de manifiesto las implicaciones legales del uso de tecnología en la vida personal.