Controversia en tarifas de taxis en Potosí: un llamado a la acción
El pasado sábado, realicé una publicación en Facebook donde comparaba los precios de los taxis en Sucre y Potosí, dos ciudades con características similares. En Sucre, se puede viajar por trayectos cortos por Bs 5, mientras que en Potosí, los conductores han comenzado a cobrar hasta Bs 20 por el mismo servicio.
Mi publicación generó un gran impacto, siendo una de las más comentadas y compartidas. Este descontento es reflejo de una situación que muchos potosinos viven a diario: una presión tarifaria intolerable en el transporte público que llevó a la Alcaldía de Potosí a anunciar controles sobre el servicio de taxis.
Sin embargo, la situación se agravó el martes con la llegada de una nevada, lo que permitió a los taxistas aumentar exorbitantemente los precios, llegando a cobrar hasta 50 bolivianos por persona para trayectos cortos. Es evidente que este aumento no tiene justificación, especialmente cuando se compara con el costo del pasaje interdepartamental entre Potosí y Sucre, que es de Bs 50 en bus.
Cabe mencionar que el costo de Bs 50 para el viaje en bus entre Potosí y Sucre es, de hecho, ilegal. La tarifa máxima permitida, según la Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) No. 0178/2013, establece un costo de Bs 21 para ese recorrido, lo que implica que el precio actual supera en un 138,1 por ciento lo que debería cobrarse.
La RAR 32/2025, emitida el 30 de diciembre de 2025, autorizó temporalmente un aumento del 40% en las tarifas, que solo sería válido por 180 días. Esto significa que, al finalizar su validez en junio, las tarifas debieron volver a ajustarse a la norma, donde el costo de un viaje normal entre Potosí y Sucre debería estar entre Bs 18 y Bs 29.
Asimismo, las tarifas de transporte interdepartamental entre Potosí y La Paz también están fuera de control, con precios que superan considerablemente lo establecido por la ATT. A pesar de que la situación es insostenible, la falta de acción de la ATT desde junio evidencia una clara irresponsabilidad en la regulación del sector, permitiendo que los transportistas operen al margen de la ley.
En conclusión, quienes operan en el servicio de transporte no solo están violentando las normativas vigentes, sino que también están perjudicando a los usuarios con precios exorbitantes, lo que claramente se puede catalogar como un robo.
