Controversia por movilizaciones afines a Evo Morales y su financiamiento
Las recientes movilizaciones de grupos cercanos al expresidente Evo Morales han generado críticas, especialmente por parte de Guadalupe Cárdenas, exrepresentante de las esposas de policías. Esta situación se produce en un contexto de estado de excepción y alertas gubernamentales sobre posibles bloqueos en el país. Los movilizados se oponen a las políticas económicas del gobierno, como la eliminación de la subvención al diésel y cambios en la gestión de empresas estatales.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que las investigaciones han revelado indicios sobre la procedencia de los fondos que habrían respaldado los 53 días de bloqueos ocurridos entre mayo y junio. Oviedo también hizo referencia a supuestos vínculos entre las movilizaciones y estructuras criminales, aunque enfatizó que tales afirmaciones deben ser respaldadas por pruebas concretas.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, afirmó que el derecho a la protesta pacífica es válido, pero advirtió que no se tolerarán bloqueos que obstaculicen el tránsito, ni que afecten el suministro de alimentos, medicamentos o la seguridad ciudadana. Resaltó que cualquier intervención tiene que ajustarse a lo establecido por la ley.
Además, las críticas incluyen denuncias sobre actos de violencia dirigidos contra la policía en episodios de protesta anteriores. Sin embargo, se reitera la importancia de establecer la responsabilidad individual y el posible financiamiento ilícito de las movilizaciones mediante pruebas verificables, evitando asumir culpabilidades sin concluir las investigaciones.
Pese a las controversias, los sectores afines a Morales continúan con planes de movilización hacia La Paz, aunque hasta el 12 de octubre no habían establecido una fecha específica para su marcha. Por su parte, la Policía ha comunicado que implementará controles en las carreteras y coordinará con las Fuerzas Armadas para prevenir posibles enfrentamientos y asegurar la libre circulación.
