Crisis de hacinamiento carcelario en Oruro: Impacto en derechos humanos y finanzas públicas
La sobrepoblación en las cárceles de Oruro, que alberga a más de 2.050 internos, ha generado una crisis tanto económica como de derechos humanos, requiriendo anualmente más de Bs 4,5 millones. Esta situación demanda la implementación de políticas integrales para afrontar el problema del hacinamiento.
Según el delegado de la Defensoría del Pueblo en Oruro, Juan Carlomagno Arroyo Martínez, el penal de San Pedro tiene una población cercana a los 1.750 internos, mientras que el Centro Penitenciario La Merced cuenta con alrededor de 300, en su mayoría mujeres, muchas de ellas en detención preventiva. Arroyo destacó la notable discrepancia entre la capacidad real de estas instituciones y la cantidad de internos que actualmente albergan.
Entre las causas del hacinamiento se encuentran las detenciones por delitos de violencia contra mujeres y menores, así como las relacionadas con narcotráfico y el robo de minerales. Esta situación no solo afecta las condiciones de vida de los internos, sino que también impacta las finanzas del Gobierno Autónomo Departamental, que destina una parte considerable de su presupuesto al sistema penitenciario.
Para el año 2026, el Programa Estratégico a la Seguridad Ciudadana tiene un presupuesto total estimado de Bs 4.561.121,41, que incluye un requerimiento adicional de Bs 1.456.045,41 para cubrir los costos de alimentación de la población penal en el último trimestre del año. Este gasto implica un promedio de Bs 2.224,94 anuales por cada interno.
Frente a esta problemática, se ha logrado un avance mediante la reciente Ley de Indulto, que permitió la tramitación favorable de 164 solicitudes de un total de 180 presentadas en Oruro. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo insiste en que es fundamental aplicar políticas integrales que incluyan medidas de rehabilitación y otras alternativas para reducir el hacinamiento y los gastos asociados a la reclusión.
