Crisis de salud en Cantumarca: 86% de los evaluados presenta plomo en sangre
Un nuevo informe comunitario ha indicado que el 86% de los 126 habitantes evaluados en la localidad de Cantumarca, Potosí, presenta niveles de plomo en la sangre, lo que genera serias preocupaciones sobre las repercusiones de la actividad minera en la salud de la población. Este hallazgo, reportado por Radio Fides, se realiza en una zona adyacente a los diques de colas Laguna Pampa I y II, y pone de relieve un problema que va más allá de la contaminación ambiental.
Raúl Véliz, Curaj Tata de la Nación Carangas, ha señalado que la exposición al plomo se debe a la contaminación generada por la minería, sumado a la falta de cumplimiento en el cierre de los diques mencionados. Este aspecto ha sido objeto de crítica, especialmente ante la carencia de cumplimiento de normativas ambientales por parte de las autoridades competentes. De los 126 evaluados, aproximadamente 108 personas presentaron plomo en sangre, aunque el informe no proporciona detalles sobre las concentraciones encontradas ni la necesidad de tratamientos médicos.
La Organización Mundial de la Salud advierte que no existe un nivel de plomo en sangre considerado seguro, ya que su presencia puede provocar daños en múltiples sistemas del cuerpo humano. En el caso de niños y niñas, la exposición podría repercutir en el desarrollo cerebral y el rendimiento escolar, mientras que en adultos se asocia con problemas de salud como hipertensión y enfermedades renales.
El problema de salud pública en Cantumarca no se puede reducir a un asunto de control ambiental. Es esencial que la detección de plomo vaya acompañada de un seguimiento médico activo y de investigaciones sobre las fuentes de exposición. Un estudio previo había indicado que el 86% de 116 habitantes, incluyendo a 23 niños, también mostraba presencia de plomo, pero aún no se ha esclarecido la razón detrás de la variación en el número de casos entre las dos evaluaciones.
La controversia se relaciona con los diques Laguna Pampa I y II, cuya clausura se había estipulado para noviembre de 2017. No obstante, una sentencia constitucional reciente reveló que los depósitos de colas secas continuaron, reflejando el incumplimiento de las normativas de cierre, lo que ha generado preocupación en la población local. La Defensoría del Pueblo ha exigido medidas inmediatas para proteger la salud de los habitantes expuestos y para garantizar el cierre efectivo de los diques.
A pesar de las resoluciones judiciales que extendieron los plazos de cierre hasta febrero de 2025 por problemas logísticos, no se ha proporcionado información clara sobre el avance de las obras. La comunidad exige respuestas urgentes y una atención médica adecuada para los afectados, a la vez que se deben esclarecer las circunstancias de la contaminación.
El siguiente paso es realizar una evaluación epidemiológica que determine la fuente exacta de la contaminación y su impacto en la salud de los habitantes. La falta de pronunciamientos actualizados de las autoridades competentes solo añade incertidumbre en una situación que requiere atención inmediata. La comunidad espera que las próximas acciones se orienten hacia la transparencia y una solución integral a este grave problema de salud.
