Crisis social y pérdida de confianza en el Gobierno, según analista
En un contexto de creciente conflicto social, el analista y periodista Andrés Gómez ha manifestado que el presidente Rodrigo Paz ha perdido tanto la confianza como la autoridad moral, lo que representa un grave obstáculo en la actual crisis, que se agrava a pesar del Estado de excepción implementado por el Gobierno.
Gómez sostiene que la administración de Paz opera con "dos relojes" distintos: uno económico y otro político. Esta disyuntiva está afectando la capacidad del Gobierno para abordar la crisis y calmar las protestas que han surgido en el país.
Aumento de la tensión social y demandas insatisfechas
La tensión social en Bolivia ha aumentado, impulsada por la insatisfacción generalizada y nuevas amenazas de bloqueos. Este descontento se intensifica, sobre todo, por la controversia en torno a los precios diferenciados del diésel y la crisis económica caracterizada por el aumento del dólar, la inflación y la disminución del consumo.
Las movilizaciones de pequeños productores esta semana han exigido la derogación del decreto que establece un nuevo régimen del diésel para los grandes consumidores, demanda que hasta el momento ha sido rechazada en las negociaciones entre el Gobierno y los protestantes.
A pesar de que las protestas en Santa Cruz han cesado, continúan las advertencias sobre nuevas acciones de presión. "La situación está uniendo a diversos sectores", aseveró Gómez, quien advirtió que, aunque no hay una coordinación clara, existe una convergencia que podría conducir a una crisis de gobernabilidad.
El analista también apuntó que el Gobierno podría responder con un discurso de victimización, alegando que hay grupos que buscan desestabilizarlo. Sin embargo, destacó que la actual expresión de descontento social es algo que debería preocupar a la administración de Paz.
Posibilidades de reforma y desafíos legislativos
El presidente Paz ha manifestado su disposición a considerar reformas constitucionales y ha propuesto un conjunto de leyes y créditos para estabilizar la economía. Sin embargo, Gómez advierte que el camino hacia estas reformas es complicado, ya que el Legislativo necesita negociar con otras fuerzas políticas para avanzar en este proceso.
Además, la posible aprobación de reformas constitucionales podría verse obstaculizada por un referendo. Con la caída en la popularidad del presidente y del vicepresidente, es probable que los ciudadanos rechacen estas reformas en una consulta pública.
Gómez concluye que hay problemas que el Gobierno puede resolver sin necesidad de reformas, como la subvención a los hidrocarburos, un tema que aún no ha logrado implementar efectivamente con el nuevo decreto sobre el precio del diésel.
