Economista advierte sobre implicaciones de la nueva Ley de Inversiones
El economista Martín Moreira, integrante de la Red Boliviana de Economía Política, ha expresado su preocupación respecto al proyecto de Ley de Inversiones que el Gobierno ha presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Moreira alerta sobre los potenciales efectos que podrían surgir de los mecanismos de estabilidad jurídica, los incentivos fiscales y las disposiciones de arbitraje internacional propuestas en la normativa.
Moreira enfatiza la importancia de atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras, señalando que esto es esencial para reactivar el crecimiento económico, generar empleo, incorporar tecnología y enfrentar la falta de divisas en el país. Sin embargo, subraya que estas inversiones deben estar sujetas a obligaciones claras y asegurar que una parte significativa de las ganancias permanezca en Bolivia.
El proyecto de Ley de Inversiones, que consta de 103 artículos, podría otorgar garantías generales a los inversionistas antes de que se establezcan nuevas regulaciones en sectores clave como minería, hidrocarburos, litio, recursos evaporíticos y energía. Moreira sostiene que esta secuencia podría limitar la capacidad del Estado para negociar en áreas que son estratégicas para el desarrollo nacional.
Además, el economista ha manifestado su inquietud sobre la estabilidad jurídica a largo plazo y los mecanismos de arbitraje internacional que se plantean en la ley. Advierte que las garantías ofrecidas a los inversionistas no deberían restringir la facultad del Estado para modificar políticas en ámbitos tributarios, ambientales o regulatorios, en respuesta a nuevas demandas o circunstancias.
En cuanto a los incentivos tributarios contemplados en el proyecto, Moreira sugiere que se realice un análisis sobre el impacto fiscal que esto podría tener para el Estado, así como los beneficios concretos que se obtendrían a cambio, tales como la creación de empleo, la transferencia de tecnología, el aumento de exportaciones y el desarrollo productivo.
Finalmente, concluye que la Ley de Inversiones debería enfocarse en priorizar proyectos que promuevan la generación de empleo formal, el uso de tecnología, la participación de proveedores locales y el agregado de valor, a la vez que se garantice la protección de los recursos naturales para evitar que la atracción de capital resulte en una rápida transferencia de activos públicos.
