El Debate sobre el Rol de Cerimedo en el Gobierno se Intensifica

La reciente aclaración del Gobierno de Rodrigo Paz, en la que se afirma que Fernando Cerimedo no ocupaba un cargo formal, ha dado paso a una serie de interrogantes. Documentos como una tarjeta que lo señala como ‘Asesor Principal del Presidente’ y evidencia de un correo electrónico institucional han suscitado cuestionamientos sobre su relación con el Estado, a pesar de que oficialmente se lo considera un asesor externo.

El principal cuestionamiento no solo se centra en la tarjeta, sino también en la procedencia de los permisos que le permitieron a Cerimedo usar recursos institucionales. Aunque un correo institucional no implica un nombramiento oficial, su existencia plantea dudas sobre cómo un particular tuvo acceso a infraestructura estatal. Las leyes bolivianas estipulan regulaciones claras respecto al uso de bienes y servicios públicos y las consecuencias del uso indebido de los mismos.

Implicaciones Legales y Éticas sobre su Rol

La cuestión legal se complica aún más con el uso de títulos que sugieren funciones públicas. Según el artículo 163 del Código Penal, se tipifica la usurpación de funciones al ejercer actos públicos sin un nombramiento adecuado. Esto plantea la necesidad de investigar si Cerimedo realmente ejerció funciones públicas sin la debida autorización, lo que podría tener implicaciones penales. Sin embargo, el mero hecho de usar el título de ‘asesor principal’ no es suficiente para determinar un delito.

Asimismo, surge la pregunta sobre los funcionarios que facilitaron el acceso de Cerimedo a recursos públicos. La Ley 004, conocida como Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, establece que el uso indebido de bienes y servicios públicos es un delito. Además, el Código Penal también contempla sanciones para servidores públicos que incumplan deberes relacionados con su trabajo. Esto lleva a cuestionar quién dentro de la administración dio el visto bueno para que Cerimedo utilizara estas herramientas institucionales.