El Decreto Supremo 5693 y sus implicaciones para el sistema financiero
El Gobierno boliviano, liderado por Rodrigo Paz, ha promulgado el Decreto Supremo 5693, que introduce medidas excepcionales dirigidas a entidades financieras que enfrentan dificultades para cumplir con sus requisitos de solvencia antes del 31 de julio de 2026. La finalidad de esta norma es mitigar un posible deterioro en el sector y asegurar que los servicios financieros continúen operando sin interrupciones.
Un aspecto que suscita gran inquietud es el manejo del Fondo Amplio de Garantía y de Crédito, creado en 2026 a partir del 6% de las utilidades netas de los bancos múltiples y PYME. Este fondo fue diseñado originalmente para facilitar el acceso a financiamiento, enfocándose en garantías para la vivienda social y créditos productivos.
Con la implementación del DS 5693, se autoriza al fondo a emitir Certificados de Fortalecimiento Patrimonial para las entidades que presenten problemas de solvencia. Estos certificados tendrán un plazo de validez de 90 días, lo que implica que los recursos, previamente reservados para facilitar el acceso al crédito, se destinarán temporalmente a mejorar el capital de las entidades financieras afectadas.
La situación plantea un interrogante significativo: si las entidades financieras requieren recurrir a estas medidas extraordinarias, ¿qué tan grave es la situación del sistema bancario? Aunque la norma no indica de manera concluyente que exista una crisis bancaria sistémica ni que los fondos se utilizarán para cubrir créditos incobrables, estas suposiciones necesitan ser corroboradas por datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y del propio Gobierno.
Asimismo, la decisión de destinar el fondo del 6% a la solvencia de bancos en lugar de a la construcción de viviendas o el financiamiento productivo plantea preocupaciones políticas y sociales. Este fondo se había creado para promover el acceso a viviendas de interés social, cumpliendo incluso con parte del pago inicial exigido por las instituciones financieras.
Finalmente, surge una pregunta crítica: ¿Está el Gobierno optando por proteger al sistema financiero para prevenir una crisis más grave, o está comprometiendo recursos destinados a la vivienda y producción para resolver problemas de solvencia de las entidades bancarias?
